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La investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay acaba de comprobar algo que se sospechaba: la orden vino desde muy arriba en las estructuras criminales. En una conferencia de prensa, la Fiscalía expidió siete órdenes de captura contra los cabecillas de la Segunda Marquetalia al haber sido autores intelectuales del crimen. Sin embargo, la posibilidad de que sean capturados es, francamente, nula. El Estado ha mostrado una y otra vez que no ha sido capaz de garantizar la protección de todos los colombianos y un gran lunar en la administración de Gustavo Petro siempre será que un precandidato presidencial de la oposición, que fue el senador más votado en su momento, no está hoy con nosotros.
Es inevitable sentir distintos grados de frustración con este anuncio. Recordamos los tiempos de la trampa que el entonces fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le hizo al proceso de paz del presidente que lo ternó para ese cargo. Cuando miembros del secretariado de las FARC tomaron de nuevo las armas y se fueron al monte sabíamos que el dolor no iba a cesar. La promesa de lo pactado en La Habana era que nunca más ocurrieran hechos como el de Miguel Uribe Turbay, pero fallamos como país. La mancha recae sobre los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, incapaces de cumplir lo que nos costó con tanto esfuerzo llegar a firmar.
Claro, la responsabilidad directa es de los criminales. Los cabecillas de la Segunda Marquetalia, ya entrados en años, asfixiados por la caída de Nicolás Maduro y atrapados en un conflicto con otros grupos al margen de la ley como el ELN, no tienen legitimidad alguna. Su actuar es lamentable, pérfido, y sigue cobrando la vida de los colombianos. No son más que grupos financiados por el narcotráfico, protegidos por las rutas que controlan pero sin ningún tipo de aspiración de llegar al poder. Pueden hacer daño, como lo hemos visto, pero poco más. Son anacronismos andantes que harían bien en dejar de existir cuanto antes.
Luz Adriana Camargo, fiscal general, dijo que “las evidencias indican que el magnicidio se hizo movido por una determinación de una fuerza de mayor jerarquía, expresada en la intención de la Segunda Marquetalia de ocasionar un impacto sobre la democracia y los procesos políticos del país. Esta es la evidencia que tenemos”. También, de manera llamativa, porque contradice lo que en medios dijo el ministro de Defensa, la fiscal agregó que: “Zarco Aldinever. Nosotros no tenemos evidencia de que esté muerto. No hay ninguna evidencia corroborativa sobre el rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional”. La recompensa ofrecida por los cabecillas va de los 2.000 millones de pesos hasta los 5.000 por Iván Márquez, quien hace años fue uno de los negociadores claves de las FARC con el Gobierno Santos.
A esta conclusión se llegó por la confesión de Simeón Pérez, alias “el Viejo”, condenado a 22 años y cuatro meses de cárcel por el magnicidio. Según el testimonio publicado por la revista Semana, el Viejo dijo que “el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”. La Fiscalía demostró la importancia de trabajar con cuidado, diligencia y prudencia antes de contarle al país lo que pasó, en contraste con la irresponsabilidad del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.
Nos queda, eso sí, el sinsabor de que el Estado no podrá hacer efectivas las órdenes. Después de terminados los diálogos, el Gobierno no hizo gran cosa por perseguir a la Segunda Marquetalia, que al sol de hoy sigue delinquiendo a su antojo. Se aprovecharon de la “paz total” para recibir impunidad total.
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