Sin pasar la página

Entre otros temas, se refiere a la situación de los defensores de estos derechos, las organizaciones criminales que existen después de la desmovilización, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la desaparición forzada y, llama la atención, un tema sobre el cual no se puede pasar la página (aunque a veces se nos insinúe que lo hagamos): las ejecuciones extrajudiciales, conocidas por la ciudadanía en general como los ‘falsos positivos’.

Esa práctica terrible, que cobró resonancia desde 2008 cuando, presuntamente, civiles inocentes fueron masivamente disfrazados de miembros de grupos armados y asesinados para inflar las cifras de guerrilleros o delincuentes caídos en combate. El escándalo se desató una vez se supo que algunos jóvenes habían desaparecido de Soacha, municipio vecino de Bogotá, y aparecieron después como bajas del conflicto armado en departamentos alejados de sus hogares. Los casos se multiplicaron en muchos otros municipios del país y creció la alerta. Las imágenes despertaron la indignación nacional: esos cadáveres tirados en el piso que, en algunas ocasiones, evidenciaban la maquinación de la artimaña, algunos incluso con las botas puestas al revés, le dieron la vuelta al país.

Hoy la ONU afirma que, pese a que la práctica ha disminuido, persiste en Arauca, Bogotá, Cauca y Cesar. Insiste, además, en que hay muchas inconsistencias en los informes entregados por las autoridades y la tendencia de éstas a estigmatizar a las víctimas, negar la existencia de las ejecuciones y desprestigiar el sistema judicial cuando produce sentencias condenatorias.

Por supuesto, este informe preocupa y da para una reflexión muy amplia. En la justicia, por ejemplo. En no dejar impunes esos 1.622 casos acumulados en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía (para agosto de 2011, según el informe) de presuntos homicidios cometidos por miembros de la Fuerza Pública, involucrando a cerca de 4.000 uniformados. En el mensaje claro y oportuno de separar, con unos lineamientos contundentes, los casos que debe resolver la justicia penal militar, por un lado, y la justicia ordinaria, por el otro. El debate sobre el fuero militar no puede obviar esta realidad. Enhorabuena el Gobierno lo retiró de la reforma a la justicia y decidió debatirlo después, en un escenario que propicie una discusión particular y no con un artículo colado en la reforma.

Pero hay más para reflexionar. Y es la actitud de algunos miembros de la Fuerza Pública respecto de los fallos que se hacen sobre ellos. Lo hemos dicho antes: que se investigue no constituye un ataque a la institucionalidad de este país, ni tampoco debe ser visto como una forma de desmoralizar a la tropa: es simplemente un intento legítimo por arribar a la verdad. Si existen esos cadáveres y, presuntamente, no son miembros de grupos al margen de la ley, tiene que indagarse por el responsable. Es lo mínimo. No puede estigmatizarse ni a los entes de investigación, ni a los jueces y mucho menos a los familiares de las víctimas.

El llamado es general. No con cada informe anual de la ONU debemos recordar estos episodios. Es necesario, también, hacer un poco de memoria cada vez que sea posible. Si bien es cierto —y esto es positivo— que las ejecuciones han disminuido, también lo es que el Gobierno deberá poner más atención al tema para acabar definitivamente con la práctica. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ha dicho que es mejor que las denuncias se precisen para determinar los casos concretos. Es verdad, pero ojalá sea pronto. Mientras la práctica se erradica, es oportuno reconstruir sus piezas y crear un poco de memoria alrededor.