Sin revisión

Al final, entonces, el Gobierno nacional decidió no hacer uso de este recurso.

La fecha límite del 13 de diciembre surgía de la tesis de la excanciller Noemí Sanín y del exviceministro de Justicia Miguel Ceballos, contenida en su libro La llegada del Dragón. Según los autores, Nicaragua firmó un contrato secreto y confidencial con el empresario chino Wang Jing para la construcción de un canal interoceánico en su territorio 19 días antes del fallo, y en su ratificación, mediante una ley del pasado 13 de junio, incorporó las aguas otorgadas a ese país en la sentencia de la Corte. Ese era un hecho nuevo que justificaba la presentación del recurso de revisión dentro de los seis meses siguientes a que se conociera de su existencia, es decir, el pasado viernes 13. La otra tesis en la que han insistido los autores es la de una supuesta corrupción en la Corte por los nexos de la jueza china con Nicaragua y con el proyecto del canal.

¿Hizo bien el Gobierno en descartar el uso de ese recurso con base en la tesis del canal interoceánico, o dejó pasar una oportunidad de oro para agotar hasta el último recurso en contra del fallo favorable a Nicaragua? Ha trascendido que en la última Comisión Asesora de Relaciones Exteriores hubo grandes divergencias al respecto, pues como lo revela un artículo en esta misma edición, el Gobierno tenía listo el recurso con una juiciosa sustentación del daño que al medio ambiente de la zona generará la actividad del canal. Y sin embargo, el Gobierno decidió no presentarlo después de considerar que eran mayores los riesgos que las oportunidades de recuperar algo.

Si en algo hemos insistido desde estas páginas alrededor del tema, de tan difícil manejo por las sensibilidades que despierta, es precisamente en que la política interna no debe ser el norte que guíe las decisiones. También, que en lugar de seguir alimentando la idea de que el fallo se puede obviar de alguna manera, lo que procede es trabajar porque su implementación sea lo menos traumática. Ciertamente lo más conveniente políticamente para el Gobierno, y tanto más ad portas de una reelección, hubiera sido mostrar acción en contra de la sentencia, pues la idea generalizada sigue siendo que Colombia perdió un territorio que era suyo y nadie parece querer entender que desde el fallo de 2007 quedó claro que el meridiano 82 no era el límite. Es decir, que eso que creíamos nuestro, nunca lo fue en realidad.

No podemos, por todas estas razones, sino celebrar entonces que el presidente Santos y su equipo hayan puesto esta vez por delante lo que viene y dejado atrás lo que pasó. No se puede soslayar que Nicaragua tiene sobre Colombia dos demandas adicionales, una en busca de extender su plataforma continental y otra por el supuesto incumplimiento del fallo, y que el recurso de revisión ofrecía remotas posibilidades de éxito ante la Corte y en cambio sí abría grietas a la defensa del país ante esas dos nuevas demandas.

Al final, entonces, el Gobierno nacional decidió no hacer uso de este recurso.

La fecha límite del 13 de diciembre surgía de la tesis de la excanciller Noemí Sanín y del exviceministro de Justicia Miguel Ceballos, contenida en su libro La llegada del Dragón. Según los autores, Nicaragua firmó un contrato secreto y confidencial con el empresario chino Wang Jing para la construcción de un canal interoceánico en su territorio 19 días antes del fallo, y en su ratificación, mediante una ley del pasado 13 de junio, incorporó las aguas otorgadas a ese país en la sentencia de la Corte. Ese era un hecho nuevo que justificaba la presentación del recurso de revisión dentro de los seis meses siguientes a que se conociera de su existencia, es decir, el pasado viernes 13. La otra tesis en la que han insistido los autores es la de una supuesta corrupción en la Corte por los nexos de la jueza china con Nicaragua y con el proyecto del canal.

¿Hizo bien el Gobierno en descartar el uso de ese recurso con base en la tesis del canal interoceánico, o dejó pasar una oportunidad de oro para agotar hasta el último recurso en contra del fallo favorable a Nicaragua? Ha trascendido que en la última Comisión Asesora de Relaciones Exteriores hubo grandes divergencias al respecto, pues como lo revela un artículo en esta misma edición, el Gobierno tenía listo el recurso con una juiciosa sustentación del daño que al medio ambiente de la zona generará la actividad del canal. Y sin embargo, el Gobierno decidió no presentarlo después de considerar que eran mayores los riesgos que las oportunidades de recuperar algo.

Si en algo hemos insistido desde estas páginas alrededor del tema, de tan difícil manejo por las sensibilidades que despierta, es precisamente en que la política interna no debe ser el norte que guíe las decisiones. También, que en lugar de seguir alimentando la idea de que el fallo se puede obviar de alguna manera, lo que procede es trabajar porque su implementación sea lo menos traumática. Ciertamente lo más conveniente políticamente para el Gobierno, y tanto más ad portas de una reelección, hubiera sido mostrar acción en contra de la sentencia, pues la idea generalizada sigue siendo que Colombia perdió un territorio que era suyo y nadie parece querer entender que desde el fallo de 2007 quedó claro que el meridiano 82 no era el límite. Es decir, que eso que creíamos nuestro, nunca lo fue en realidad.

No podemos, por todas estas razones, sino celebrar entonces que el presidente Santos y su equipo hayan puesto esta vez por delante lo que viene y dejado atrás lo que pasó. No se puede soslayar que Nicaragua tiene sobre Colombia dos demandas adicionales, una en busca de extender su plataforma continental y otra por el supuesto incumplimiento del fallo, y que el recurso de revisión ofrecía remotas posibilidades de éxito ante la Corte y en cambio sí abría grietas a la defensa del país ante esas dos nuevas demandas.