Dos informes recientes apuntan al mismo diagnóstico: sin seguridad no hay paz, y la administración de Gustavo Petro tiene muchas deudas que no ha podido solventar. Tanto la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Human Rights Watch (HRW) se lamentan por el asesinato de excombatientes, el aumento en algunos indicadores de violencia y la falta de respuesta de las autoridades. Aunque la Misión de Verificación sí da motivos de esperanza al reconocer avances en la implementación de lo pactado, las apuestas de paz total se quedarán cortas si no están acompañadas de un plan de seguridad contundente.
Dentro de los hallazgos de HRW está que “el temor a minas antipersonales, las amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado impidieron que 64.000 personas, en su mayoría indígenas, pudieran salir de sus comunidades entre enero y octubre, una situación conocida como «confinamiento»”. También cuenta que en esos meses del año pasado más de 56.000 personas fueron víctimas de desplazamientos masivos por la violencia. En cuanto a las autoridades, no aplican la normatividad para evitar los crímenes contra excombatientes y líderes sociales, ni tampoco han dado razón sobre casos de abuso de la fuerza. Juan Pappier, de HRW, concluyó que “sin una política de seguridad sólida a nivel territorial, difícilmente traerán mejoras sostenibles en los indicadores de seguridad ni ayudarán a garantizar el éxito en las negociaciones”.
A eso le hizo eco, en el Consejo de Seguridad, Carlos Ruiz Massieu, representante de la Misión de Verificación de la ONU: “Continúan también los crímenes contra líderes y lideresas sociales, incluyendo indígenas y reclamantes de tierra”. Sin embargo, rescató avances en la adquisición de tierras para reparar a las víctimas, en el capítulo étnico que lidera la Vicepresidencia y en una reducción de un 16 % de los homicidios, según la Policía Nacional. La conclusión es que hay que seguir apostándole a la implementación y vincular todo lo aprendido en el acuerdo con los procesos de paz que está adelantando el Gobierno. Estamos de acuerdo.
Creemos con firmeza que el gran acuerdo nacional de 2024 tiene que ser en torno a la urgencia de parar los asesinatos de excombatientes y líderes sociales, así como mejorar la seguridad en todo el país, especialmente en las zonas de conflicto. No hay que dar más largas. Las promesas que se están haciendo en las mesas de diálogo palidecen ante la realidad de que los excombatientes siguen siendo perseguidos y que el Estado no puede garantizar su presencia en todo el territorio. Debe ajustarse la estrategia de los ceses al fuego, de tal modo que se abandone la improvisación y el cruce de versiones con los grupos criminales. Este año tiene que ser de resultados contundentes en el camino hacia la paz. De lo contrario, los colombianos seguirán sumidos en el temor y las promesas de cambio perderán la fuerza con la que llegaron a la Casa de Nariño.
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