Sobre la defensa jurídica del Estado

Hay que reconocerlo: generalmente la defensa judicial del Estado es precaria, algunas veces por desgano de los responsables de las entidades y otras porque el tránsito de una administración a otra —¿manes de la democracia?— determina que el seguimiento que la Nación hace de las controversias en las que es demandada sufra cambios de enfoque, de estrategia y a veces hasta de apoderados.

Y, quizá lo más preocupante, en el calvario de la contratación estatal y de la asunción de responsabilidades en lo público, tomar la decisión de contratar defensas técnicas de alta calidad supone para los funcionarios darse el lapo de asumir la responsabilidad de vincular asesores externos que, a pesar de sus altos costos, las más de las veces se vuelven indispensables si se estiman las cifras en juego y si se considera que en la contraparte están hombres de negocios que cuentan con recursos prácticamente ilimitados para sortear con éxito las batallas legales que emprenden.

No es nuevo entonces el debate planteado hace algunos días por el Contralor de Bogotá sobre la defensa judicial de entidades adscritas a su vigilancia. Ni tampoco el eco que la revista Cambio hizo del tema. Pero lo que sí sorprende ahora es que los escasos triunfos del Estado en millonarios litigios se interpreten como una amenaza para la inversión extranjera.

Es claro que la inversión, cualquiera que sea su origen —pública o privada, nacional o extranjera—, merece las mismas garantías que se consagran en el marco de la Constitución y de la ley para unos y para otros. Resulta insólito pedirle al Estado que renuncie al legítimo derecho que tiene de defender sus intereses con la misma fortaleza y decisión que lo haría un empresario privado.

Tampoco deja de sorprender el hecho de que se insinúe en el debate público que las entidades estatales, en nombre de la promoción de la inversión extranjera, no controviertan las decisiones de los jueces o de los tribunales de arbitramento cuando, razonablemente, quienes las orientan entienden que éstos actuaron contra derecho.

Testimonio de lo anterior es la tutela que la Corte Constitucional acaba de fallar a favor de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, en la que la entidad estatal le ganó a la multinacional Telefónica de España un debate jurídico que ascendía a la escalofriante suma de 230.000 millones de pesos, cifra que alcanzaría, por ejemplo, para construir cuatro hospitales de primer nivel en el Distrito Capital.

A lo anterior se suma el Tribunal de Arbitramento que el Ministerio de Comunicaciones le acaba de ganar a la mexicana Comcel por la astronómica suma de medio billón de pesos. Sorprende gratamente el hecho de que el Estado no siempre pierda.

Estos ejemplos, aunque ciertamente excepcionales, son de resaltar y generan un buen precedente. A las decisiones judiciales que los expresan hay que protegerlas y preservarlas porque cuando el Estado paga, pagamos todos los colombianos. Ni más faltaba, entonces, que en aras de proteger la inversión extranjera el Estado tenga que renunciar a la legítima defensa de los recursos públicos.