Sobre la eutanasia

Edward, parcialmente sordo y frágil de salud, resolvió no seguir viviendo sin su esposa, después de medio siglo de vida en común. Acompañados por sus dos hijos, los Downes se desplazaron a Suiza, país en el que está legalmente establecida y reglamentada la llamada muerte digna.

La eutanasia ha sido fuente de debates y divergencias y no han sido pocas las parejas que, al llegar a la vejez, deciden no continuar sus días en situaciones de padecimientos crónicos y dolorosos. Recordamos cómo, hace tan sólo dos años, el filósofo marxista André Gorz y su esposa Dorine —presa a los 82 años de una enfermedad incurable— planearon cuidadosamente el final de sus vidas. “Hemos vivido juntos durante 58 años y te amo más que antes”, escribió Gorz a su mujer antes de su suicidio conjunto.

Estas muertes, orquestadas en pareja y catalizadas por la enfermedad y la vejez, han suscitado todo tipo de reacciones, tanto en Europa —donde ocurrieron— como en el mundo. En Inglaterra, tierra natal del matrimonio Downes, donde ayudar a una persona a suicidarse es un delito que puede ser castigado con un máximo de 14 años de cárcel, grupos religiosos y organizaciones como Pro Vida celebran por estos días la resistencia del Reino Unido a todos los intentos de legalizar cualquier modalidad de muerte asistida. Y sin embargo, la modificación de la legislación inglesa parece asunto inevitable, dado el peso de una opinión pública que día a día ve la eutanasia con mejores ojos.

Esta tendencia a la liberalización de la legislación respectiva es lenta, pero universal. El número de países que pretenden despenalizar la eutanasia va en aumento. A las legislaciones de países precursores como Suiza, Holanda o Bélgica, se suman, en los Estados Unidos, las de Oregon y Washington.

Colombia, en este sentido, protagoniza un caso sui generis, pues aunque la eutanasia fue despenalizada en 1997, mediante la Sentencia C39 de la Corte Constitucional, no se cuenta, 11 años después, con una ley que la regule. Hace menos de un mes el Congreso tumbó —por cuarta vez— el proyecto que reglamentaba las prácticas de eutanasia y asistencia al suicidio.

Resulta lamentable la forma en que el Legislativo ignora sistemáticamente el mandato de la Corte Constitucional. En su sentencia, ésta especificó que el parlamento debía reglamentar la materia, en razón a que “el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica vivir adecuadamente en condiciones de dignidad”. Y el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho a morir de la misma manera.

Han jugado un papel importante en el estancamiento de la ley, a través del cabildeo y la presión mediática, el Partido Conservador, congregaciones cristianas y la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal pidió a senadores y representantes no aprobar la eutanasia. De igual forma, religiosos y políticos fanáticos han apelado al supuesto carácter obligatorio que revestiría a la eutanasia una vez fuese despenalizada.

En un Estado que se dice laico, interpretaciones amañadas, o en el mejor de los casos argumentos religiosos, deberían ser escuchados con prudencia. De ninguna manera la eutanasia se convertirá en un imperativo para todos los pacientes en estado terminal. Todo lo contrario, el carácter pionero de la sentencia de la Corte está en su respeto a la autonomía. Abre una ventana de oportunidad para que el ciudadano en condición de enfermedad incurable decida libremente en qué momento y circunstancias desea acabar con su vida.

Edward, parcialmente sordo y frágil de salud, resolvió no seguir viviendo sin su esposa, después de medio siglo de vida en común. Acompañados por sus dos hijos, los Downes se desplazaron a Suiza, país en el que está legalmente establecida y reglamentada la llamada muerte digna.

La eutanasia ha sido fuente de debates y divergencias y no han sido pocas las parejas que, al llegar a la vejez, deciden no continuar sus días en situaciones de padecimientos crónicos y dolorosos. Recordamos cómo, hace tan sólo dos años, el filósofo marxista André Gorz y su esposa Dorine —presa a los 82 años de una enfermedad incurable— planearon cuidadosamente el final de sus vidas. “Hemos vivido juntos durante 58 años y te amo más que antes”, escribió Gorz a su mujer antes de su suicidio conjunto.

Estas muertes, orquestadas en pareja y catalizadas por la enfermedad y la vejez, han suscitado todo tipo de reacciones, tanto en Europa —donde ocurrieron— como en el mundo. En Inglaterra, tierra natal del matrimonio Downes, donde ayudar a una persona a suicidarse es un delito que puede ser castigado con un máximo de 14 años de cárcel, grupos religiosos y organizaciones como Pro Vida celebran por estos días la resistencia del Reino Unido a todos los intentos de legalizar cualquier modalidad de muerte asistida. Y sin embargo, la modificación de la legislación inglesa parece asunto inevitable, dado el peso de una opinión pública que día a día ve la eutanasia con mejores ojos.

Esta tendencia a la liberalización de la legislación respectiva es lenta, pero universal. El número de países que pretenden despenalizar la eutanasia va en aumento. A las legislaciones de países precursores como Suiza, Holanda o Bélgica, se suman, en los Estados Unidos, las de Oregon y Washington.

Colombia, en este sentido, protagoniza un caso sui generis, pues aunque la eutanasia fue despenalizada en 1997, mediante la Sentencia C39 de la Corte Constitucional, no se cuenta, 11 años después, con una ley que la regule. Hace menos de un mes el Congreso tumbó —por cuarta vez— el proyecto que reglamentaba las prácticas de eutanasia y asistencia al suicidio.

Resulta lamentable la forma en que el Legislativo ignora sistemáticamente el mandato de la Corte Constitucional. En su sentencia, ésta especificó que el parlamento debía reglamentar la materia, en razón a que “el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica vivir adecuadamente en condiciones de dignidad”. Y el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho a morir de la misma manera.

Han jugado un papel importante en el estancamiento de la ley, a través del cabildeo y la presión mediática, el Partido Conservador, congregaciones cristianas y la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal pidió a senadores y representantes no aprobar la eutanasia. De igual forma, religiosos y políticos fanáticos han apelado al supuesto carácter obligatorio que revestiría a la eutanasia una vez fuese despenalizada.

En un Estado que se dice laico, interpretaciones amañadas, o en el mejor de los casos argumentos religiosos, deberían ser escuchados con prudencia. De ninguna manera la eutanasia se convertirá en un imperativo para todos los pacientes en estado terminal. Todo lo contrario, el carácter pionero de la sentencia de la Corte está en su respeto a la autonomía. Abre una ventana de oportunidad para que el ciudadano en condición de enfermedad incurable decida libremente en qué momento y circunstancias desea acabar con su vida.