Sobre ‘La Gata’

Nada pudieron el llamado de atención del vicepresidente Francisco Santos; o las denuncias del senador Gustavo Petro en el sentido de que las condiciones de la licitación le estaban servidas en bandeja a Uniapuestas —única empresa capaz de cumplir con los exigentes requisitos—; o la solicitud hecha por el gobernador Eduardo Verano para que se revisara el proceso de licitación.

Según concepto de la Procuraduría, no se hallaron irregularidades y La Gata no hace parte de dicha sociedad. Tampoco es causal de suspensión, afirma la Procuraduría, el que se trate de la única empresa que se presentó a concurso. Es más, salvo por el senador Petro, nadie pareció molestarse demasiado con que el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Jaime Amín, haya recibido en 2002 dineros de Uniapuestas para su campaña política a la Cámara de Representantes.

Total que en lo legal no hubo forma alguna de detener lo que, de cualquier forma, parecía inevitable, y en lo político, las buenas intenciones del senador Petro y el vicepresidente Santos no fueron suficientes. La Gata —o si así lo exigen los puristas: sus familiares y testaferros— se hizo a otro departamento y con esta ya son cuatro las empresas encargadas del próspero negocio del chance bajo su control: Aposmar, en Magdalena; Unicat, en Bolívar; Aposucre, en Sucre, y Uniapuestas, en el Atlántico.

Por ley, todo operador que gane, previa licitación, el derecho a explotar el chance en un departamento, está en la obligación de destinar el 12% de los ingresos brutos a la Secretaría de Salud. Con el nuevo contrato, la salud del Atlántico recibirá, si se le suman los $3.500 millones que debe pagar Uniapuestas por concepto de formularios, un total de $76 mil millones. Una cifra nada despreciable. Como tampoco lo es el que, de manera puntual y sistemática, Uniapuestas haya cumplido en el pasado con sus obligaciones.

Pero el precio que Colombia paga por tan honrosa cifra es por todos desconocido. Y las preguntas que algunos se hacen no han sido lo suficientemente aclaradas. Más allá de la legalidad que se supone rodea todo el proceso, nadie explica por qué razón, si el negocio es tan próspero, esta empresa era la única que disponía de la experiencia y capacidad financiera requeridas para participar. ¿Dónde están, en suma, los otros empresarios del chance? ¿Qué relación hay entre esta ausencia y los 18 chanceros que han sido asesinados en Atlántico desde 1999, cuando se le entregó por primera vez el jugoso negocio a Uniapuestas?

Aun si el gobernador Eduardo Verano hizo un extraño llamado a Uniapuestas para que entre en una etapa “totalmente productiva y de paz”, la salud del departamento, aunque fortalecida con el dinero que recibe, no puede seguir siendo la excusa para no profundizar en un tema tan oscuro como peligroso.

Nada pudieron el llamado de atención del vicepresidente Francisco Santos; o las denuncias del senador Gustavo Petro en el sentido de que las condiciones de la licitación le estaban servidas en bandeja a Uniapuestas —única empresa capaz de cumplir con los exigentes requisitos—; o la solicitud hecha por el gobernador Eduardo Verano para que se revisara el proceso de licitación.

Según concepto de la Procuraduría, no se hallaron irregularidades y La Gata no hace parte de dicha sociedad. Tampoco es causal de suspensión, afirma la Procuraduría, el que se trate de la única empresa que se presentó a concurso. Es más, salvo por el senador Petro, nadie pareció molestarse demasiado con que el secretario general de la Gobernación del Atlántico, Jaime Amín, haya recibido en 2002 dineros de Uniapuestas para su campaña política a la Cámara de Representantes.

Total que en lo legal no hubo forma alguna de detener lo que, de cualquier forma, parecía inevitable, y en lo político, las buenas intenciones del senador Petro y el vicepresidente Santos no fueron suficientes. La Gata —o si así lo exigen los puristas: sus familiares y testaferros— se hizo a otro departamento y con esta ya son cuatro las empresas encargadas del próspero negocio del chance bajo su control: Aposmar, en Magdalena; Unicat, en Bolívar; Aposucre, en Sucre, y Uniapuestas, en el Atlántico.

Por ley, todo operador que gane, previa licitación, el derecho a explotar el chance en un departamento, está en la obligación de destinar el 12% de los ingresos brutos a la Secretaría de Salud. Con el nuevo contrato, la salud del Atlántico recibirá, si se le suman los $3.500 millones que debe pagar Uniapuestas por concepto de formularios, un total de $76 mil millones. Una cifra nada despreciable. Como tampoco lo es el que, de manera puntual y sistemática, Uniapuestas haya cumplido en el pasado con sus obligaciones.

Pero el precio que Colombia paga por tan honrosa cifra es por todos desconocido. Y las preguntas que algunos se hacen no han sido lo suficientemente aclaradas. Más allá de la legalidad que se supone rodea todo el proceso, nadie explica por qué razón, si el negocio es tan próspero, esta empresa era la única que disponía de la experiencia y capacidad financiera requeridas para participar. ¿Dónde están, en suma, los otros empresarios del chance? ¿Qué relación hay entre esta ausencia y los 18 chanceros que han sido asesinados en Atlántico desde 1999, cuando se le entregó por primera vez el jugoso negocio a Uniapuestas?

Aun si el gobernador Eduardo Verano hizo un extraño llamado a Uniapuestas para que entre en una etapa “totalmente productiva y de paz”, la salud del departamento, aunque fortalecida con el dinero que recibe, no puede seguir siendo la excusa para no profundizar en un tema tan oscuro como peligroso.