Sobre las condenas y lo que se espera de ellas

Colombia puede ver cómo hay otras formas de justicia que van más allá de encerrar a alguien de por vida en una cárcel en condiciones inhumanas.

La justicia transicional no era un espacio para la venganza. En el país del populismo punitivo, donde el Congreso enfrenta cualquier problema aumentando penas, exigiendo la cadena perpetua y olvidándose por completo de la terrible situación de hacinamiento que hay en las cárceles colombianas, el Acuerdo de Paz de La Habana le apostó a algo distinto. Lo que tuvimos y hasta ahora estamos empezando a ver en aplicación es una justicia reparativa y restaurativa, que entiende que para pasar la página de la violencia es necesario confrontar las terribles verdades del pasado, pero también obrar con una pregunta en mente: ¿qué queremos lograr con las penas que se imponen?

El tema se revivió hace poco porque, por fin, la Sala de Reconocimiento de la JEP llegó a una conclusión en el macrocaso 01 sobre los secuestros de más de 20.000 personas a manos de las Farc. Se trata de una recomendación de condena histórica: todos los miembros del último Secretariado deberán pagar ocho años de pena, salvo por Rodrigo Granda, quien pagará cinco años debido a que no tuvo capacidad de mando sobre las tropas. Estamos ante un momento doblemente importante. Por un lado, es una condena por uno de los delitos que más aterrorizaron a los colombianos durante el conflicto armado. Por otro, es la primera aplicación de las penas tal cual fueron pactadas en el Acuerdo de La Habana.

El siguiente paso depende del Tribunal de Paz, pero la Sala de Reconocimiento recomendó que las penas se cumplan haciendo trabajos de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas. El presidente de la JEP, Roberto Vidal, explicó: “Un componente son las restricciones de derechos, que no es encerrar a las personas en establecimientos carcelarios, pero que sí tiene restricción de derechos, como una vigilancia permanente”.

Hubo descontento. En la derecha que se opuso al proceso de paz, por supuesto, pero también de manera dolorosa en agrupaciones de víctimas. Siete de las 12 familias de los diputados del Valle secuestrados por las Farc, representadas por la Fundación Defensa de Inocentes, se retiraron de la JEP porque “no ha habido una verdad detallada, plena y exhaustiva por parte de los exintegrantes de las Farc; han existido verdades a medias, manipulación de la verdad y hasta nos ha tocado hacer todas las exigencias de verdad en reiteradas ocasiones de manera escrita y verbal a lo largo del proceso”.

Aunque es comprensible la frustración, también es innegable que la JEP ha hecho un trabajo exhaustivo de escuchar a las víctimas y a los victimarios, de organizar los hallazgos y de brindarle al país una historia judicial de los peores crímenes del conflicto. Quedarán vacíos sobre los que hay que seguir buscando información, pero sabotear el proceso de justicia transicional sería un error histórico. Especialmente ahora que Colombia puede ver cómo hay otras formas de justicia que van más allá de encerrar a alguien de por vida en una cárcel en condiciones inhumanas.

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