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La regla del Acuerdo de Paz es clara: cualquier delito cometido por un exmiembro de las Farc posteriormente a la firma no entrará a la justicia transicional y se someterá a la justicia ordinaria. Eso incluye, también, el riesgo de la extradición para los delitos internacionales. Por eso, si en efecto las pruebas contra Seuxis Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, son contundentes, es irresponsable hablar de un incumplimiento por parte del Estado al darle trámite a la orden de captura internacional contra el exjefe guerrillero.
El lunes, la Fiscalía adelantó un operativo que concluyó con la captura de Jesús Santrich, quien fue elegido por el partido FARC para la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones y es uno de los artífices y redactores del Acuerdo de Paz.
En una alocución al país, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, explicó que la justicia de los Estados Unidos tenía en su poder material probatorio concluyente de que Santrich estaba involucrado en una operación de envío de diez toneladas de coca a ese país y que lo solicitaba en extradición. Los hechos, que parecen haber ocurrido en medio de una operación encubierta de la justicia estadounidense, son posteriores a la firma del Acuerdo.
Inmediatamente, la FARC y políticos afines acusaron a Martínez de estar torpedeando los acuerdos, de que esta es una muestra más de un Estado que no ha cumplido su palabra y que, en palabras del comunicado expedido ayer por los dirigentes de la exguerrilla, “el proceso de paz amenaza ser un fracaso”.
Aunque el tema es, en efecto, muy delicado, los hechos demuestran que la Fiscalía está cumpliendo con su labor. La promesa al país era seguir persiguiendo el crimen, respetando los acuerdos, pero pendiente de que los exguerrilleros no aprovecharan los beneficios obtenidos para continuar delinquiendo. Si en efecto hay una solicitud de extradición vigente, con hechos ocurridos después de la firma, Martínez estaba en el deber de ordenar la captura.
Este es, además, un mensaje para todos aquellos que dicen que el país arrodilló su institucionalidad ante el narcotráfico. Al contrario, lo que estamos viendo es un compromiso firme con la paz y con las leyes nacionales. Hubo reglas claras y estrictas que se están haciendo valer.
Este será el primer reto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Como lo explicó su presidenta, Patricia Linares, “la sección de revisión debe corroborar y determinar la fecha en la que se produjeron los hechos por los que esta persona fue detenida, y si estos hechos están relacionados, directa o indirectamente, o fueron cometidos en el marco y con ocasión del conflicto armado interno”.
Este organismo, que ha tenido tantos obstáculos para iniciar su funcionamiento, tiene la oportunidad de demostrarles a quienes tantas dudas han expresado que es independiente y está comprometido con las víctimas y el ordenamiento jurídico colombiano. Su decisión, y las explicaciones que le dé al país en lo concerniente al caso Santrich, mostrará su utilidad para la justicia transicional y la reconciliación del país.
El mensaje debe ser claro: nadie puede estar por encima de las normas.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
Por El Espectador
