La situación en Ituango, Antioquia, es angustiosa. A terribles lluvias y vendavales que causaron derrumbes y bloquearon el acceso de alimentos y gasolina se suma la fuerza de las disidencias de las Farc que están fomentando una ola de violencia. El número de desplazados continúa aumentando, mientras que desde el territorio se alza el reclamo de que todo esto se trata de una tragedia anunciada. Ya las autoridades nacionales y locales han hecho presencia, pero al cierre de esta edición continuaba la emergencia y la falta de control del territorio. Se escucha el eco de lo que viene ocurriendo en otras zonas rojas del país: una mezcla de ausencia estatal y atrasos históricos que afectan a las poblaciones más vulnerables.
Estábamos advertidos. La Defensoría del Pueblo ya había emitido tres alertas sobre la zona: una en 2017, otra en 2018 y otra en 2020. La presencia de las disidencias y actores armados al margen de la ley viene aumentando en número y fuerza. Los líderes sociales están bajo amenazas y ataques. La sensación de zozobra y terror se siente en las voces que se han tomado las redes sociales para enviar un SOS por Ituango. La pregunta pendiente sigue siendo la misma de siempre: ¿cómo solucionar de manera permanente el problema?
La última cifra que manejaba el periodismo local, en El Colombiano, es de más de 3.700 personas desplazadas. Lo más probable es que cuando este editorial sea publicado ya estemos hablando de muchas más víctimas. El domingo, la Gobernación hablaba de 2.311 personas y 967 familias que huyeron buscando protección.
A la crisis de violencia se suma la ambiental. Hablando con Blu Radio, Jaime Enrique Gómez, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, dijo que por lo menos 250 familias fueron afectadas por los deslizamientos o algún daño en la infraestructura de sus hogares. Ayer había alerta en Ituango por la escasez de gasolina, que amenazaba con tener que suspender el transporte público. EPM dijo que al menos 2.034 clientes están sin el servicio de gas por más de 60 derrumbes. Por donde se le mire estamos en presencia de un desastre.
Las autoridades han respondido con presencia. La Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación y EPM están trabajando para restablecer las vías y llevar insumos. Esto en alianza con donaciones del sector privado. La Policía y el Ejército reforzaron los operativos en la zona, con miras a recuperar el control. También se estableció una recompensa de $50 millones por alias Camilo, el líder de la disidencia del sector y quien creen que está detrás de la violencia.
Sin embargo, hay escepticismo en los pobladores porque esta historia ya la conocen. Surge la emergencia, aparece la presencia estatal, se calma el ambiente y luego... empieza de nuevo el ciclo. En Caracol Radio, Sara Botero, defensora de derechos humanos, explicó: “La realidad es que nadie va a denunciar a un cabecilla en estas condiciones, es irrisorio en el contexto actual de Ituango, donde todos están amenazados, una recompensa es poca cosa”.
La urgencia debe atenderse y mostrar resultados cuanto antes. Pero el debate no puede terminar ahí. Insistimos: ¿cómo conseguimos que esta historia no se repita en el futuro?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
La situación en Ituango, Antioquia, es angustiosa. A terribles lluvias y vendavales que causaron derrumbes y bloquearon el acceso de alimentos y gasolina se suma la fuerza de las disidencias de las Farc que están fomentando una ola de violencia. El número de desplazados continúa aumentando, mientras que desde el territorio se alza el reclamo de que todo esto se trata de una tragedia anunciada. Ya las autoridades nacionales y locales han hecho presencia, pero al cierre de esta edición continuaba la emergencia y la falta de control del territorio. Se escucha el eco de lo que viene ocurriendo en otras zonas rojas del país: una mezcla de ausencia estatal y atrasos históricos que afectan a las poblaciones más vulnerables.
Estábamos advertidos. La Defensoría del Pueblo ya había emitido tres alertas sobre la zona: una en 2017, otra en 2018 y otra en 2020. La presencia de las disidencias y actores armados al margen de la ley viene aumentando en número y fuerza. Los líderes sociales están bajo amenazas y ataques. La sensación de zozobra y terror se siente en las voces que se han tomado las redes sociales para enviar un SOS por Ituango. La pregunta pendiente sigue siendo la misma de siempre: ¿cómo solucionar de manera permanente el problema?
La última cifra que manejaba el periodismo local, en El Colombiano, es de más de 3.700 personas desplazadas. Lo más probable es que cuando este editorial sea publicado ya estemos hablando de muchas más víctimas. El domingo, la Gobernación hablaba de 2.311 personas y 967 familias que huyeron buscando protección.
A la crisis de violencia se suma la ambiental. Hablando con Blu Radio, Jaime Enrique Gómez, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, dijo que por lo menos 250 familias fueron afectadas por los deslizamientos o algún daño en la infraestructura de sus hogares. Ayer había alerta en Ituango por la escasez de gasolina, que amenazaba con tener que suspender el transporte público. EPM dijo que al menos 2.034 clientes están sin el servicio de gas por más de 60 derrumbes. Por donde se le mire estamos en presencia de un desastre.
Las autoridades han respondido con presencia. La Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación y EPM están trabajando para restablecer las vías y llevar insumos. Esto en alianza con donaciones del sector privado. La Policía y el Ejército reforzaron los operativos en la zona, con miras a recuperar el control. También se estableció una recompensa de $50 millones por alias Camilo, el líder de la disidencia del sector y quien creen que está detrás de la violencia.
Sin embargo, hay escepticismo en los pobladores porque esta historia ya la conocen. Surge la emergencia, aparece la presencia estatal, se calma el ambiente y luego... empieza de nuevo el ciclo. En Caracol Radio, Sara Botero, defensora de derechos humanos, explicó: “La realidad es que nadie va a denunciar a un cabecilla en estas condiciones, es irrisorio en el contexto actual de Ituango, donde todos están amenazados, una recompensa es poca cosa”.
La urgencia debe atenderse y mostrar resultados cuanto antes. Pero el debate no puede terminar ahí. Insistimos: ¿cómo conseguimos que esta historia no se repita en el futuro?
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