Suave con los vulnerables, duro con los poderosos

Aunque es una medida esencial cambiar la actitud del Estado frente a las familias cocaleras, no puede ablandarse la persecución al punto de terminar premiando a los narcotraficantes. / Germán Gómez Polo - El Espectador

Colombia necesita una legislación efectiva para atacar la cadena más vulnerable y compleja de la producción de cocaína en el país: los pequeños cocaleros. Por eso debe aprobarse el proyecto de ley que pretende otorgarles beneficios penales como incentivo para que abandonen sus cultivos de hoja de coca. Sin embargo, es importante que se corrijan varios de los errores denunciados esta semana por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, para que, por intentar arreglar un problema, no terminemos incentivando y protegiendo el narcotráfico, fuente de tantos de nuestros males.

Según explicó el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, el proyecto de ley, cumplimiento de uno de los puntos pactados en La Habana con las Farc, contempla medidas para que los pequeños cultivadores de plantaciones ilícitas se acojan a programas de sustitución y no sean judicializados. De esta manera se busca “dejar de confrontar” al eslabón más débil de la cadena de producción de la cocaína, explicó Gil, pues “los pequeños cultivadores son víctimas. Son instrumentalizados por el narcotráfico”. Al respecto, el presidente Juan Manuel Santos dijo, con razón, que de no aprobar el proyecto “vamos a tener que meter a la cárcel a cerca de 400.000 personas, más de 100.000 familias”. Algo no sólo imposible sino además indeseable.

Sin embargo, el fiscal general prendió las alarmas sobre el proyecto presentado con críticas que el Gobierno debe escuchar y modificar. Los reparos de Martínez se centran en que: (1) no se exige cumplimiento del compromiso con la sustitución de cultivos como requisito para seguir recibiendo el beneficio penal, (2) se modifica el Código Penal de manera general, sin tener en cuenta las consecuencias que eso produce, (3) la redacción puede prestarse para que los narcotraficantes le hagan trampa al sistema dividiendo sus cultivos en parcelas, práctica conocida como “pitufeo”, (4) se le quita la posibilidad a la Fiscalía de solicitar medidas cautelares sobre los cultivos, y (5) se incluye a los financiadores de cultivos ajenos entre los beneficiarios de la ley, lo que abriría la puerta para que entren personas no comprometidas con la sustitución.

Estamos de acuerdo con el fiscal en su crítica esencial: el proyecto de ley debe garantizar que, en efecto, sea un incentivo para incrementar el programa de sustitución de cultivos, no para que los intereses ilegales vean una oportunidad de burlar a las autoridades.

Deben crearse mecanismos suficientes para vigilar que las personas cumplan con sus compromisos, y la Fiscalía debe conservar la capacidad de castigarlos en caso de que no sea así. Aunque es una medida esencial cambiar la actitud del Estado frente a las familias cocaleras, que ya han expresado su voluntad de cambiar su manera de supervivencia, tampoco puede ablandarse la persecución al punto de terminar premiando a los narcotraficantes. El mensaje doble debe ser contundente: colaboración con el eslabón vulnerable, mano dura para las organizaciones ilegales.

Al cierre de esta edición, el fiscal dijo que se reunió con el presidente y que el Gobierno se comprometió a introducir “todas las correcciones que requiera este proyecto”. Esperamos que la nueva versión sea la legislación que el país necesita para un tema tan delicado y urgente. También, que los congresistas entiendan la importancia del asunto.

Queda pendiente, de cualquier modo, el cumplimiento de las promesas a las familias que se comprometieron con la sustitución de cultivos. Ya van más de 118.000 familias con acuerdos firmados, pero el proceso se ha visto entorpecido por la falta de recursos, la inacción del Ejecutivo y, en ocasiones, lo que parece una priorización de la mano dura contra los cultivos de hoja de coca. Si ese plan no empieza a rendir frutos pronto, la confianza de los cocaleros seguirá por el piso, los cultivos seguirán descontrolados y no habrá legislación que valga.

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