Pedir plata prestada será más caro: la junta directiva del Banco de la República elevó la tasa de interés de política monetaria al 12,25 %. Es el cuarto incremento en lo que va del año. La senda de alzas arrancó con fuerza en enero y marzo con incrementos de 100 puntos básicos, un apretón tan severo que en su momento provocó el abierto descontento del entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien llegó a levantarse de la sesión de la junta. Ávila advertía que elevar el costo de pedir crédito frenaría en seco el crecimiento económico y ahogaría la inversión productiva. Sin embargo, con el dato más reciente de inflación ubicándose en el 6,2 % anual –más del doble de la meta del 3 %–, la mayoría de la junta consideró que el costo de no actuar era infinitamente peor.
La inflación no cede porque responde a una tormenta perfecta. Por un lado, el petróleo se ha mantenido por encima de los USD 100 en los mercados internacionales, lo que encarece los combustibles y los insumos para la industria: desde fertilizantes hasta empaques. Por otro lado, la sequía proveniente del fenómeno de El Niño ha castigado la producción agrícola, y a esto se suman las severas afectaciones a la infraestructura productiva tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
En este escenario, el mensaje del Emisor es contundente: diferir compras a cuotas o endeudarse para consumo es una mala decisión. Por el contrario, los instrumentos de ahorro de renta fija –como los CDT– son un buen refugio mientras pasa la tormenta inflacionaria. Pero el llamado a la austeridad no es solo para las familias; es, ante todo, un imperativo para el Estado.
Colombia atraviesa una situación delicada de déficit fiscal que no se puede ocultar. La realidad del hueco en las finanzas públicas se confirma en los propios números del Ministerio de Hacienda: para este año el déficit cerrará en 7,2 % del PIB –incluso tras recortar COP 20 billones en gasto– y las proyecciones indican que podría trepar al 9,4 % en 2027, un indicador que superaría el registrado durante la crisis de la pandemia. El Estado simplemente está gastando más de lo que recibe, mientras el precio de las cosas aumenta, no así la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.
Con el costo de la deuda disparado y sin margen para emitir más bonos en mercados privados a tasas razonables, el Ejecutivo ha iniciado acercamientos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La lógica inmediata es comprensible: ese organismo multilateral ofrece financiamiento con tasas bajas y otorga un sello de respaldo y vigilancia a la política macroeconómica.
Sin embargo, el gobierno De la Espriella debe avanzar hacia la banca multilateral con extrema precaución. Existe una desconfianza histórica y bien fundamentada hacia el FMI. Sus préstamos suelen venir acompañados de condicionalidades de “ajuste estructural” –recortes drásticos en gasto social, eliminación de subsidios o reformas tributarias agresivas– que en el pasado han detonado graves crisis sociales en América Latina. Si bien el nuevo gobierno se ha propuesto, a su vez, efectuar recortes drásticos en el Estado, tiene el desafío de negociar con astucia un margen de maniobra sin empeñar la soberanía económica ni trasladar todo el peso del ajuste a la población más vulnerable. La austeridad es inevitable, pero debe ser un diseño propio y no una imposición externa.
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