Suspensión provisional
El Proceso de Paz empezó esta semana con el pie izquierdo: dos años están por conmemorarse desde el anuncio de este nuevo capítulo y poco es lo que podemos analizar sobre su naturaleza, consecuencias y vacíos, cuando nos enteramos el domingo en la tarde de que el general del Ejército Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, fue secuestrado con otras dos personas (el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, asesora del Ejército) en la vereda Las Mercedes de Quibdó, Chocó, vestido de civil en plena zona roja. El delito fue atribuido a la guerrilla de las Farc: “ya tenemos información que da certeza de que fueron las Farc”, dijo el presidente Juan Manuel Santos. El pie izquierdo, insistimos, ya que los diálogos fueron suspendidos de forma temporal.
El Espectador
Una reacción más tuvo el presidente quien, a través de su cuenta en Twitter, expresó, entre otras cosas, la primera duda sobre los hechos: que le explicaran por qué el general andaba por allá rompiendo todos los protocolos de seguridad. Sus palabras. Y sí, mucho más allá de la comisión de este crimen (que esperamos se resuelva bien pronto), sería oportuno aclarar qué fue lo que pasó. Esas dudas, que también a estas horas inquietan a una parte de la población, ponen en riesgo el proceso de paz.
Más en riesgo lo pone, sin embargo, el secuestro mismo de un general: no solamente porque rompe con la promesa que hicieron las Farc de no volver a cometer esa deplorable conducta (y sí, sabemos que un militar es distinto a un civil), sino también con toda norma de la que las Farc tengan noticia: la colombiana, la del Derecho Internacional Humanitario, que regula la guerra que ellos emprenden, e incluso, como dice el profesor Jorge Restrepo, de su propia reglamentación interna: esa falta de capacidad de comando frente a la gran autonomía que tienen hoy los frentes guerrilleros.
No estamos, como lo demuestra este episodio, en un punto de “no retorno” en el proceso de paz que adelantan en Cuba el gobierno de Santos y las Farc. La cuerda no puede estirarse tanto, porque se rompe. Sencilla y cierta metáfora. Y eso, si bien lo puede tener claro el secretariado, y sobre todo los representantes de la guerrilla en La Habana, no parece tanto en el terreno de la guerra frontal.
Claro que estamos negociando en medio del conflicto, y claro que hay —y habrá— más actos de guerra, pero, insistimos, hay cosas que generan más rechazo social que otras: la tijera que rompe la cuerda podría ser la prolongación del secuestro de este general. El proceso aguanta hasta que la sociedad lo permita. Eso ya debería estar claro para ambas partes. No todo acto (así la acción criminal sea la misma) pasa de igual forma por el examen que la ciudadanía hace a diario. La liberación del general es el mínimo exigible: entre más pronto, mejor.
Si empieza a haber dilaciones, o exigencias ulteriores, más que capacidad de negociación, las Farc ganarán un rechazo total: lo más inconveniente (el peor escenario de todos, a nuestro juicio) es la ruptura de este proceso de paz. Un gesto ahora no solo no está de más, sino que es necesario: eso, ayudado por decisiones prontas y efectivas del Gobierno, podría abrir la ventana para que el proceso se fortalezca. A esta hora, cuando escribimos estas líneas, la ventana se está cerrando. Ojalá no dure así todo el día.
Una reacción más tuvo el presidente quien, a través de su cuenta en Twitter, expresó, entre otras cosas, la primera duda sobre los hechos: que le explicaran por qué el general andaba por allá rompiendo todos los protocolos de seguridad. Sus palabras. Y sí, mucho más allá de la comisión de este crimen (que esperamos se resuelva bien pronto), sería oportuno aclarar qué fue lo que pasó. Esas dudas, que también a estas horas inquietan a una parte de la población, ponen en riesgo el proceso de paz.
Más en riesgo lo pone, sin embargo, el secuestro mismo de un general: no solamente porque rompe con la promesa que hicieron las Farc de no volver a cometer esa deplorable conducta (y sí, sabemos que un militar es distinto a un civil), sino también con toda norma de la que las Farc tengan noticia: la colombiana, la del Derecho Internacional Humanitario, que regula la guerra que ellos emprenden, e incluso, como dice el profesor Jorge Restrepo, de su propia reglamentación interna: esa falta de capacidad de comando frente a la gran autonomía que tienen hoy los frentes guerrilleros.
No estamos, como lo demuestra este episodio, en un punto de “no retorno” en el proceso de paz que adelantan en Cuba el gobierno de Santos y las Farc. La cuerda no puede estirarse tanto, porque se rompe. Sencilla y cierta metáfora. Y eso, si bien lo puede tener claro el secretariado, y sobre todo los representantes de la guerrilla en La Habana, no parece tanto en el terreno de la guerra frontal.
Claro que estamos negociando en medio del conflicto, y claro que hay —y habrá— más actos de guerra, pero, insistimos, hay cosas que generan más rechazo social que otras: la tijera que rompe la cuerda podría ser la prolongación del secuestro de este general. El proceso aguanta hasta que la sociedad lo permita. Eso ya debería estar claro para ambas partes. No todo acto (así la acción criminal sea la misma) pasa de igual forma por el examen que la ciudadanía hace a diario. La liberación del general es el mínimo exigible: entre más pronto, mejor.
Si empieza a haber dilaciones, o exigencias ulteriores, más que capacidad de negociación, las Farc ganarán un rechazo total: lo más inconveniente (el peor escenario de todos, a nuestro juicio) es la ruptura de este proceso de paz. Un gesto ahora no solo no está de más, sino que es necesario: eso, ayudado por decisiones prontas y efectivas del Gobierno, podría abrir la ventana para que el proceso se fortalezca. A esta hora, cuando escribimos estas líneas, la ventana se está cerrando. Ojalá no dure así todo el día.