Porque lo que está en juego no es el cambio de límites de un área protegida cualquiera, sino el futuro del conglomerado urbano más importante del país. La antigua reserva había sido creada para proteger el agua a través de un régimen de uso forestal del suelo en la mayoría del territorio, y con una ciudad de escasos dos millones de habitantes, muy aislada del país y del mundo. La reserva permaneció en el olvido durante 36 años, y es claro que tenía que ser modificada, pues el uso del suelo y la economía de 43 municipios parecía sin salida. Pero ¿cuál es el objetivo de la nueva delimitación?
Para algunos analistas no es clara la diferencia entre el régimen forestal protector de 94.116 hectáreas y las 110.190 sustraídas, cuando en ambas queda permitida la agricultura y cierto desarrollo de infraestructura. Se preguntan si no hubiera sido necesario usar otras categorías de protección, como los Distritos de Manejo Integral, el Distrito de Conservación de Suelos o, incluso, para algunas zonas, la categoría de Parque Natural Regional. No se vio un gran entusiasmo en la CAR para acoger lo que sería un régimen de manejo complejo y muy exigente.
Hoy hay muchas dudas, porque la nueva es el reconocimiento de un fracaso, no ya del área protegida, sino de todo un territorio que acusa un peligroso déficit ambiental. ¿Acaso han cambiado las condiciones de gobernabilidad ambiental, para que no sea necesario repetir el ejercicio dentro de unos años, sobre las restantes 94.161 hectáreas? ¿Y que va a pasar con el territorio sustraído? Generan duda los instrumentos que tienen las CAR y los municipios para la gestión mínima según la nueva ley. Y para lo que hay que afrontar hacia el futuro, son claramente insuficientes.
No estamos hablando de la protección de la sabana bucólica que añoró Tomás Rueda Vargas cuando dijo que “el campo nada le debe a la ciudad”. Basta salir de la ciudad para notar el crecimiento de los cascos urbanos y el nacimiento de nuevos pueblos en los cruces de carreteras, que en conjunto con los corredores industriales, generan un gran suburbio.
¿Cuál es el espacio vital que estamos reservando, no ya para la naturaleza, sino para los colombianos del futuro? La capital y la región no tienen elementos conceptuales y jurídicos para dirigir el cambio hacia la construcción de una gran región urbana deseable. No es por eso bienvenida la sola sustracción, que reconoce el fracaso del pasado, si no viene acompañada de una medida contundente para darle la bienvenida a una gran región urbana resiliente.
Sería un territorio de ciudades interconectadas, con un mosaico armónico de usos de la tierra con infraestructura de vivienda, servicios, industria, áreas rurales productivas y una gran estructura ecológica de soporte. Es urgente que el Gobierno Nacional lidere un amplio diálogo con los sectores económicos, los gremios, la sociedad civil. También con expertos en hidrología, ecología y cambio climático, conversación que debería llevar a una reglamentación precisa de la figura legal de “territorio de interés ecológico estratégico nacional”. Y que permitiría modificar de manera acorde los procesos de desarrollo nacional, que son los verdaderos transformadores de este territorio. Realinderar, o no realinderar, no es aquí la cuestión.
Por El Espectador
