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Tampoco el magistrado Jorge Enrique Ibáñez está por encima de la ley

Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un magistrado de la Corte Constitucional.
Foto: Óscar Pérez
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En un acto de valentía institucional poco común en Colombia, la Corte Constitucional votó de manera unánime para exigir la rectificación de uno de sus magistrados. El caso de Jorge Enrique Ibáñez, expresidente de la Corte y quien hizo todo lo posible por desconocer su responsabilidad como padre de Jorge Enrique Ibáñez Robles, es profundamente indignante por la manera en que buscó desacreditar a las víctimas y por el intento de una jueza de la República de censurar a un medio de comunicación y dictar desde los estrados judiciales cómo ella considera que debe hacerse o no hacerse periodismo. Celebramos que el alto tribunal haya identificado no solo la importancia nacional del caso, sino además que se han cometido sendos abusos de poder contra derechos fundamentales garantizados por la Constitución.

El mensaje es contundente: todos los magistrados y las magistradas estuvieron de acuerdo en que su colega, Ibáñez, había lanzado acusaciones lesivas, agresivas y estigmatizantes contra Yolanda Inés Robles, madre del hijo que tienen en común, y además luego intentó silenciar a CasaMacondo, medio que publicó las declaraciones del togado. En su momento, en este mismo espacio tildamos de “censura judicial” las decisiones que la jueza Catalina María Manrique Calderón, primera penal del Circuito de Neiva (Huila), había tomado para proteger a Ibáñez, quien estaba molesto de que el país se enterara de sus declaraciones en contra de Robles.

A grandes rasgos, los hechos relevantes son los siguientes: CasaMacondo descubrió que el magistrado Ibáñez había tenido un proceso de paternidad que había intentado ocultar. Intuyendo que tal vez estaba ocurriendo un abuso de poder, en el marco de la gran influencia que sobre la Rama Judicial tiene el magistrado Ibáñez, los periodistas de ese medio independiente indagaron y le pidieron su versión. En esa conversación el togado dijo, sin aportar prueba alguna, que “este es un asunto de la paternidad que aparece y se lo pongo con toda la transparencia… aparece como consecuencia de una conducta de la que fui víctima. Especialmente, digamos, fui víctima de abuso sexual por parte de una señora”. El medio publicó la declaración, por ser de evidente interés para la ciudadanía, y eso llevó a que mediante vía de tutela el magistrado Ibáñez pidiera silenciar a los periodistas. Es allí donde la jueza Manrique Calderón tomó una decisión a todas luces lesiva de la libertad de prensa: ordenó retirar por completo la investigación contra el magistrado y reprendió a los periodistas, explicándoles la manera en que ella considera que se debe ejercer este oficio.

Para la Corte Constitucional fue evidente que las declaraciones de Ibáñez violaron los derechos de Robles y de su hijo a una vida libre de violencia, a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana. Por eso le dio un plazo de tres días al magistrado para retractarse en primera persona, reconociendo su responsabilidad y absteniéndose de atacar más al medio CasaMacondo y a sus periodistas. Nosotros le preguntamos al Consejo Superior de la Judicatura si no es pertinente, además, en el marco de esta decisión, abrir investigación disciplinaria contra la jueza Manrique Calderón, quien utilizó la instancia de tutela para violentar directamente la Constitución.

Nadie está por encima de la ley, ni siquiera un magistrado de la Corte Constitucional. Celebramos que el alto tribunal haya recordado ese principio básico de nuestra democracia.

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