Ellos plantearon cosas que se desprenden de la lógica más simple en un país plural como este: que los miembros de esas comunidades tuvieran la potestad de organizar su territorio con una autonomía mucho mayor.
El tiempo pasó y el artículo, que daba la potestad al Ejecutivo para expedir una serie de regulaciones, quedó empolvado en un cajón durante décadas enteras: nunca se aplicó en la práctica. Un adorno, si se quiere. El derecho como un símbolo y nada más. La Corte Constitucional exhortó en varias ocasiones al Congreso para que regulara esa norma superior, pero, se sabía, su variable composición política y su afán de regular lo urgente impidieron que el artículo viera la luz práctica. Nada, mejor dicho. Pasaron exactamente 23 años y algo más para que fuera una realidad palpable.
Las presiones (válidas en una democracia) por parte de las comunidades indígenas, que a lo largo de los años se han caracterizado por su organización, lograron que este Gobierno diera el primer paso. Tal y como lo contamos en este diario ayer, la Minga Indígena, Social y Popular se activó hace un año en 18 zonas del país, logrando reunirse en el resguardo La María Piendamó: allí le recordaron al entonces ministro del Interior, Aurelio Iragorri, el prometido artículo de la Constitución. Allí lograron una serie de acuerdos para la expedición de ciertos decretos que aún no llegaban cuando finalizaba el mes de septiembre de este año.
Pero llegaron. Tarde, pero con la validez propia de las leyes en firme. El 7 de octubre de 2014 se firmó el primero de ellos que, en palabras de Ernesto Perafán, asesor jurídico de la Comisión Nacional que se encarga de redactar la norma, “pone a funcionar las entidades territoriales y para ello les asigna competencias a las autoridades indígenas para el manejo de varios derechos de los indígenas”.
Cuatro cosas contempla: enseñanzas propias en los currículos educativos indígenas, fortalecimiento del sistema de salud con la medicina indígena, asignación a las unidades territoriales indígenas de la responsabilidad de prestar algunos servicios públicos y protección a la jurisdicción especial de los indígenas (creación y aplicación del derecho).
No es poco, pues, lo que ha decretado el Gobierno. Es un salto impresionante hacia la ciudadanía indígena: ese concepto unido entre nuestras tradiciones y las de ellos. El consenso que parte del reconocimiento de los otros (y sus normas morales, leyes y costumbres, el derecho entero) permite que las sociedades avancen de una forma armónica y coordinada. A nivel simbólico, por fin, se generó un paso significativo. El derecho, tan detrás de la realidad, se demoró esta vez dos décadas en llegar.
Y si así fue la llegada de la norma, no queremos imaginar la puesta en marcha de su aplicación: ya algunos sectores se están quejando. La cosa práctica, la maquinaria, deberá aceitarse muy bien para que esta buena noticia lo siga siendo: la voluntad política, tanto en el Congreso de la República como entre las autoridades locales, quienes tendrán que redefinir la forma en la que usan el presupuesto.
Ya abrieron el capítulo. Tenemos que estar pendientes de cómo lo cerramos.
Por El Espectador
