Taxis: un servicio público

El incidente fue desatado, al parecer, porque los pasajeros no tenían 500 pesos para completar el valor de la carrera. El taxista llamó a algunos de sus compañeros, quienes bajaron a la fuerza a los ciudadanos y los azotaron con palos de escoba, una varilla y un bate. Las víctimas, a quienes Medicina Legal les dio entre 30 y 45 días de incapacidad, sufrieron heridas de consideración en la cabeza, el rostro y la espalda. En su defensa, los agresores desmienten la versión y aseguran que si bien su accionar fue excesivo, éste respondió a un cambio intempestivo de la ruta y a la violenta reacción de los pasajeros ante la negativa del taxista, Jorge Silva, de llevarlos a su nuevo destino. Éstos, asegura el taxista, se bajaron disgustados, dijeron que les agradeciera que no pudieron robarlo pero que tenían “bien grabada su cara” y tomaron otro taxi. De aquí que, según su versión, Silva y los compañeros que habían llegado a asistirlo iniciaran la persecución.

Más allá de a quién le conceda la Dijín la versión correcta, lo cierto es que sigue siendo preocupante la “solidaridad violenta” entre taxistas y su muy pronta voluntad de tomar justicia por manos propias. Este caso no es un episodio aislado, sino el diario de todas las ciudades del país, que hace mucho reclama control. Mientras tanto, pasajeros, por un lado, y taxistas, por el otro, sienten que se pueden estar jugando su vida con cada carrera. La percepción de inseguridad, y la consiguiente predisposición a la agresión, es compartida: “Uno sube al pasajero sin saber qué le puede hacer”; y el pasajero, a su vez, piensa lo mismo. Y esto por culpa de las autoridades que, poco interesadas de confrontar al gremio de taxistas, siguen sin implementar las medidas necesarias. Ofrecer el servicio de transporte público es un privilegio, no un derecho, y el Estado no tiene por qué tener consideración por las incomodidades o la reducción de las rentas privadas de quienes prestan este servicio, de nuevo, público, a la ciudadanía.

Esto implica que la orden para implementar en todos los vehículos un sistema de GPS, que permita ubicarlos inmediatamente para mejorar su control y saber si están duplicados, ha estado muy demorada. También lo han estado las normas para restringir la afiliación de los taxis a múltiples compañías y las normas que permitan hacerlas corresponsables, tanto de atentados violentos como de accidentes y demás hechos desafortunados que sucedan con los carros bajo su responsabilidad. De la misma manera, se ha demorado la instauración de medidas obligatorias de seguridad dentro del vehículo para proteger al conductor y trabajos conjuntos con la Policía, para que sea ésta, y no los propios compañeros, la que entre a asistir en caso de peligro. Además, es claro que tanto los taxis piratas, como los legales que se filtraron por registros mal controlados, deben ser sacados, inmediatamente, de circulación.

Muy mal han hecho las administraciones distritales y la legislación nacional al no regular como es debido este servicio público, que les implica a los ciudadanos el riesgo de golpizas como las del pasado jueves, y a los conductores el sometimiento a atracos como al que, supuestamente, reaccionaron. Esta vez, las cámaras del ‘Noctámbulo de Citytv’ grabaron el acontecimiento; sin embargo, ¿cuántos serán los atentados, paseos millonarios, abusos y demás que quedan sin registrar? Hay todavía una larga lista de medidas que se pueden instaurar para reducir estos violentos sucesos. Y por ello resulta tan reprochable la salvaje reacción de los taxistas, como la negligencia de las autoridades en controlar un servicio al que la ciudadanía tiene derecho.