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Después de una penosa e inexplicable demora en tomar una decisión de trascendencia para el país, la Corte Constitucional confirmó lo que ya se sabía: la elección de Carlos Hernán Rodríguez como contralor general de la República incurrió en serios vicios de trámite. Cobran especial relevancia las “jugaditas” que se hicieron en el Congreso, motivadas por el entonces senador Roy Barreras en representación del Gobierno nacional, para causar estos problemas. Para terminar de completar el panorama de extrañeza, el alto tribunal constitucional contradijo al Consejo de Estado y dijo que no era necesario empezar el proceso desde cero, sino que se puede iniciar en la etapa de preselección de diez candidatos, lo que podría significar que Rodríguez vuelva al ente de control fiscal. Leguleyadas extrañas para un país donde las personas desconfían cada vez más de sus instituciones.
En el comunicado de prensa de la Corte Constitucional, el alto tribunal “advirtió que la Sección Quinta del Consejo de Estado no incurrió en todos los defectos alegados por el accionante”. Es decir que la tutela presentada por el hoy excontralor Rodríguez no tenía razón en sus múltiples ataques al tribunal administrativo. Los magistrados constitucionales sí respaldaron “la sentencia del Consejo de Estado en lo relativo a que dentro del trámite seguido por el Congreso de la República para elegir al contralor general se modificaron irregularmente las reglas de la convocatoria que regían dicho proceso, lo que originaba la nulidad de la elección”. Al respecto, José Fernando Reyes, magistrado de la Corte Constitucional, explicó que “la Corte está de acuerdo en que hubo irregularidades, por ejemplo, de que se variaron sin fundamento las reglas de la convocatoria pública generando desigualdades o privilegios dentro del trámite, como, al parecer, dice el Consejo de Estado, sucedió cuando se crearon nuevas reglas de la convocatoria o se alteraron las reglas ordinarias de esta misma”. Esto es gravísimo y nos lleva a otra reflexión: ¿dónde queda la responsabilidad política por lo que ha pasado? Sabemos que no habrá respuesta al respecto.
No obstante lo anterior, es muy probable que Rodríguez pueda volver a la Contraloría. Esto porque, según la Corte Constitucional, “las irregularidades sólo se presentaron a partir de la elaboración de la lista de diez elegibles”. Es decir, el Congreso debe elegir contralor de la lista en la cual Rodríguez sacó el mayor puntaje. Aunque jurídicamente esto pueda tener validez, sí despierta preguntas sobre la legitimidad democrática de todo lo ocurrido.
Otro punto importante es que la interinidad actual en la Contraloría, que Rodríguez y sus aliados han defendido con vehemencia, quedó aun más cuestionada. En todo el tiempo que se ha perdido fallando este lío jurídico, el ente de control fiscal ha realizado intervenciones de alto impacto en el debate público colombiano a pesar de estar dirigida por el resultado de una elección viciada. Carlos Mario Zuluaga, contralor encargado, ha sido un fiel seguidor de Rodríguez. ¿Y qué dirán los congresistas con cuotas burocráticas en la Contraloría actual sobre su capacidad de elegir sin prejuicios al próximo contralor?
Todas estas son preguntas urgentes en vísperas de la nueva elección exprés que acaba de arrancar. Necesitamos que se privilegie la transparencia y la autonomía, así como que el Congreso reconozca sus errores. ¿Será mucho pedir?
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