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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un muy duro informe sobre la situación por la cual atraviesa Venezuela. La conclusión es básica y potente: lo que sucede es terrorismo de Estado. Este grave señalamiento fue hecho por la presidenta de la Comisión, Roberta Clarke, ante el Consejo Permanente del organismo hemisférico, mientras Colombia, Brasil, México, Honduras guardaron silencio y Bolivia no asistió. Todos los gobiernos democráticos de la región deberían desligarse del dictador Nicolás Maduro, quien solidifica su régimen amparado en el terror.
La CIDH sigue la situación venezolana desde octubre de 2019, mediante el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE). Los DD. HH. se han deteriorado aún más este año, en especial desde las elecciones presidenciales de hace un mes y cuando el gobierno ilegítimo decidió desconocer el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Las acciones adelantadas por actores estatales o grupos paramilitares vinculados al régimen han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos venezolanas, o por Human Rights Watch, Washington Office on Latin America y Amnistía Internacional. En el caso de la CIDH, gobiernos progresistas como los de Colombia, Brasil, México y Chile, entre otros, le han dado en el pasado total respaldo y credibilidad a sus informes. ¿Y ahora?
Roberta Clarke ha condenado “las prácticas de violencia institucional en el contexto del proceso electoral en Venezuela, con inclusión de la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política”. Menciona que, ante los señalamientos de irregularidades y fraude electoral, hubo cerca de 300 protestas. Lo anterior generó una muy fuerte represión contra quienes salieron a la calle, de manera similar a lo ocurrido en 2014 y 2017. Se evidencia un uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, persecución judicial y hostigamiento contra personas percibidas como opositores y voluntarios electorales, censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, así como los obstáculos a la protección de los derechos humanos.
Los resultados son muy dolorosos: 24 personas han fallecido a consecuencia de disparos, algunos en la espalda o en la cabeza, diez de las cuales pueden atribuirse a las fuerzas del Estado. También se menciona hasta el día de hoy a más de 2.400 personas detenidas, entre ellas cerca de 150 niños y más de 300 mujeres. Dentro de este grupo de opositores hay periodistas, líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos y estudiantes universitarios.
Una vez que son detenidos, sufren violaciones al debido proceso, se les impide contar con representación por parte de un defensor de su elección y se les imponen defensores públicos; los adolescentes no pueden comunicarse ni ser representados por sus familiares; las personas indígenas no pueden contar con interpretación ni con interculturalidad en los procesos judiciales, y las personas con discapacidad no pueden contar con ajustes razonables en los procesos penales.
La reconocida periodista venezolana Luz Mely Reyes publicó en El País un artículo que dice: “Cientos de activistas de izquierda sostienen en un comunicado que ha llegado el momento de convocar la más grande unidad en torno a la vida común. Es algo que trasciende toda ideología. Todas las izquierdas y el progresismo, tanto las venezolanas como las del mundo, debemos unir esfuerzos con todos los sectores democráticos del país y todas las naciones que, bajo el respeto irrestricto a la soberanía y la autodeterminación, alcen firmemente su voz contra el atropello de los valores esenciales de la democracia en Venezuela. La mentira debe parar. El terrorismo de Estado debe parar”. Estamos totalmente de acuerdo.
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