Y que se requiera de una ley para que haya una semana en la que se recuerde a los desaparecidos. No es que sea malo que exista y se decrete —El Espectador acompaña con firmeza la Semana por los Desaparecidos que se conmemora por estas fechas—, sino que una semana no basta pues, hay que decirlo, el Estado y la sociedad colombiana tienen una deuda grande con los desaparecidos y sus familiares.
No es sólo la impunidad que ha rodeado estos casos —a tal punto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que “meter la mano” para que no queden impunes—, sino, sobre todo, el olvido de los ciudadanos. En Colombia hay muchas marchas a lo largo del año, pero muy pocas son para exigir que los desaparecidos aparezcan y se condene a los responsables. Y no es que estas personas hayan sido desaparecidas en lugares remotos. A algunos, como a Ángel Quintero y Claudia Monsalve (en la Medellín del año 2000), los desaparecieron ante la mirada de decenas de ciudadanos e incluso miembros de la Policía.
Para la sociedad es como si no hubiera pasado nada. Como si esta tragedia fuera sólo la pesadilla de unos cuantos “desafortunados”. Pero no. A cualquiera le podría ocurrir lo mismo. Los cementerios de Colombia están repletos de N.N.: personas sin identidad para las autoridades, pero que, muy probablemente, son hijos, hermanos, padres a los que hoy sus familiares buscan incansablemente.
No hay que olvidar que en 2008 los falsos positivos de Soacha fueron N.N. en el cementerio de Ocaña. Guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado que se desviaron de su mandato han convertido a muchas regiones en gigantescos camposantos. El Espectador reconoce los logros que ha conseguido la Comisión Nacional de Búsqueda, la entidad encargada de buscar a los desaparecidos entre todos estos N.N. No obstante, todavía falta mucho.
Sea como fuere, la desaparición forzada es un crimen contra la sociedad. Bien lo explica el Centro de Memoria Histórica en uno de los informes presentados esta semana: “La desaparición forzada como método implica el intento por borrar todo rastro de la víctima y del hecho en sí mismo. En tanto mensaje es contundente por su poder de anunciar que las personas víctimas, su rol social, ideas, humanidad y posición en la sociedad pueden ser anuladas a merced del poder absoluto del perpetrador”.
Y agrega: “Como mensaje advierte a las comunidades y la sociedad en general, sobre el poder ilimitado del victimario, en cuanto a que son capaces de todo y de volver a hacer lo mismo a otros que muestren características similares a las víctimas desaparecidas, por lo tanto su efecto es inmovilizador y obstruye expresiones parecidas a las que representaba la víctima”. No hay que permitirles a los victimarios que se sientan a sus anchas y crean que pueden andar impunes con tanta barbarie a cuestas.
De la misma forma, no hay que dejar solas a las víctimas, ni etiquetarlas, ni reducir la importancia simbólica de sus marchas: ellas son rostros de la violencia que nos atañe a todos, sobre todo en momentos en los que el fin del conflicto parece acercarse.
Los familiares de los desaparecidos, en los casos que tienen que ver con la acción de la guerrilla, han pedido que los escuchen en La Habana. Apoyamos esta solicitud, pero además pedimos algo obvio: que los desaparecidos aparezcan. Que aparezcan vivos o, en el peor de los casos, muertos. Pero que se les permita a sus familiares llorarlos y enterrarlos. Porque no es justo que en Colombia haya personas con 10, 20 o 30 años de duelo. Tienen que aparecer.
Por El Espectador
