El anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela dando como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro, cuando todo indicaba un claro triunfo de su contendor, el opositor Edmundo González, constituye otro atentado a la democracia en el país vecino. El órgano electoral, para evitar cualquier tipo de verificación pronta del resultado, proclamó ayer de manera exprés a Maduro, consumando las irregularidades. La reacción de la dirigente opositora María Corina Machado ha sido declarar a González como presidente electo sobre la base de la información que poseen.
Mientras tanto, las protestas callejeras en Caracas y otras ciudades aumentan la presión para que el CNE permita de inmediato un reconteo abierto de los votos. A esto se le suma la exigencia de un buen número de países de la revisión de todas las actas electorales, las mismas que le fueron negadas a la oposición, a pesar de ser una obligación. La presión interna y la internacional serán la clave para que Maduro acepte lo que por ley ya debería haberse dado. Para mañana en la tarde, se espera una reunión del Conejo Permanente de la OEA, en la cual algunos países han pedido que se aplique la Carta Democrática Interamericana.
Con lo acontecido el domingo en la noche, el régimen venezolano volvió a demostrar su talante dictatorial. Lo que parecía ser una jornada electoral sin mayores contratiempos, tuvo una masiva afluencia de votantes. Algunos conteos serios, realizados a boca de urna, demostraban una holgada ventaja para González Urrutia. Las primeras señales de alarma se presentaron cuando los testigos de mesa opositores no solo no recibieron copia de la respectiva acta electoral, sino que fueron desalojados de los centros de votación. Algo similar sucedió con el acceso a las salas del CNE, donde se llevaba a cabo la recepción de datos.
Las sospechas de fraude fueron aumentando a medida que pasaba el tiempo. El órgano electoral no se pronunciaba y sí lo hacían las figuras del gobierno como Jorge Rodríguez, el gran operador político del oficialismo; Diosdado Cabello, poder detrás del poder, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa, totalmente alineado con Maduro. La aparición de Elvis Amoroso, presidente del CNE, extensión de Miraflores, no pudo ser más patética luego de mencionar un supuesto ataque terrorista cibernético, que demoró la recepción de la información, anunciando que tenían el 80 % de las actas con un “resultado irreversible”: Maduro obtenía el 51,2 % de los sufragios y de González Urrutia el 44,2 %. La dirigencia opositora había mencionado que tan solo habían recibido el 40% de las actas, pero que tenían la certeza de que el resultado los favorecía.
Por último, dentro del plan para ejecutar esta operación de fraude electoral, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, anunció que tenía evidencia preliminar según la cual María Corina Machado y Leopoldo López estarían detrás del supuesto intento de sabotaje al sistema electoral. También advirtió que “los actos de violencia y llamados a desconocer los resultados oficiales pueden enmarcarse en los siguientes delitos: instigación pública, obstrucción de vías públicas e instigación al odio, con penas que van de tres a 20 años de prisión”. El poder del régimen de nuevo en contra de la oposición.
De momento, la esperanza está en el Centro Carter y un Panel de Expertos de la ONU que se encuentran en el país y puedan verificar, con la mayor brevedad posible, todas las actas para despejar las dudas existentes. El Centro Carter pidió ayer a las autoridades electorales venezolanas que publiquen inmediatamente los resultados detallados como elemento “fundamental para nuestra evaluación”. Mientras tanto, no se debería hacer ningún tipo de reconocimiento a un proceso comicial plagado de irregularidades.
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