Todos los culpables
La Corte Suprema de Justicia, luego de una espera que parecía interminable por asuntos ajenos a su voluntad, está a punto de cerrar, por fin, uno de los capítulos, que no el último, de ese terrible episodio de las chuzadas del DAS: un organismo de inteligencia del Estado que (según lo que pudimos apreciar en el sentido del fallo del caso) estuvo usando recursos públicos para cometer acciones ilegales contra jueces de esa misma Corte y malquerientes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, de quien, por supuesto, es inevitable empezar a hacer mención con nombre propio a estas alturas, cuando gente de su entera confianza (y sobre los que ejercía un mando directo) resultan condenados por la justicia.
El Espectador
El círculo se cierra muy cerca de él. Quizá demasiado.
El 5 de marzo el magistrado Fernando Castro va a presentar el fallo que definirá la pena que deberán cumplir en la cárcel María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia del gobierno pasado, por una serie de delitos graves a la que, menos mal, la justicia está fijando las consecuencias jurídicas que siempre debieron tener. Castro dijo, además, que Hurtado recibió órdenes desde Presidencia para adelantar los espionajes sin sustento legal alguno. Una hoja de ruta.
Varios delitos, por cierto: a Moreno lo condenarán por concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. A Hurtado la responsabilizarán por cinco cargos: concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función pública, prevaricato y falsedad ideológica en documento público. No es poco.
Inconcebible que desde tan altas esferas del Estado colombiano, según los testimonios que se recogieron para la sentencia, hayan interceptado las comunicaciones de políticos de izquierda, periodistas opositores y jueces de la República, con el fin, nada menos, de hacer una campaña masiva de desprestigio en contra de todos ellos, sobre todo de los últimos, como pudimos ver en el deplorable caso de Iván Velásquez, magistrado estrella contra la llamada parapolítica.
Todo esto raya con los límites de una democracia moderna. Estos actos comprobados por la Corte Suprema de Justicia ponen en tela de juicio la labor del gobierno anterior en cuanto al respeto por derechos gruesos como el de la intimidad. Y aunque el hoy senador Álvaro Uribe poco se refiera al tema de las chuzadas e insista en que todo lo que se hizo bajo su mandato fue legal, son hartas las objeciones que se levantan desde este fallo. Contradice, al menos en principio, ese postulado: el DAS, en esta versión de la historia que nos relata el magistrado Castro, cometió actos ilegales, desnaturalizó su función primordial y dejó de proteger al Estado colombiano de peligros reales para perseguir una serie de personas sin motivaciones legítimas.
El regreso de María del Pilar Hurtado a Colombia permite que tengamos más claridad sobre la historia que nos ha rodeado como país. Pero mal haríamos en dar un parte de tranquilidad cuando las operaciones, según lo que ha dicho el juez, eran ordenadas desde la Casa de Nariño: allá se recibían los resultados y allá se evaluaba el paso a seguir en esta red de espionaje. Insistimos, entonces: este es un nivel nuevo, y bastante avanzado, de cercanía con funcionarios de primer nivel que por ahora no están incluidos en este fallo.
Decir que desconocían estas actividades es un atentado contra la lógica y una realidad bastante improbable. Así que si hasta acá avanzamos queda, por supuesto, un paso más que dar en todo este episodio histórico: para cerrarlo definitivamente, para darle un punto final, hay que hacer claridad del nivel de responsabilidad de todos los sospechosos. Adelante, entonces.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
El círculo se cierra muy cerca de él. Quizá demasiado.
El 5 de marzo el magistrado Fernando Castro va a presentar el fallo que definirá la pena que deberán cumplir en la cárcel María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, y Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia del gobierno pasado, por una serie de delitos graves a la que, menos mal, la justicia está fijando las consecuencias jurídicas que siempre debieron tener. Castro dijo, además, que Hurtado recibió órdenes desde Presidencia para adelantar los espionajes sin sustento legal alguno. Una hoja de ruta.
Varios delitos, por cierto: a Moreno lo condenarán por concierto para delinquir, abuso de función pública y violación ilícita de comunicaciones. A Hurtado la responsabilizarán por cinco cargos: concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función pública, prevaricato y falsedad ideológica en documento público. No es poco.
Inconcebible que desde tan altas esferas del Estado colombiano, según los testimonios que se recogieron para la sentencia, hayan interceptado las comunicaciones de políticos de izquierda, periodistas opositores y jueces de la República, con el fin, nada menos, de hacer una campaña masiva de desprestigio en contra de todos ellos, sobre todo de los últimos, como pudimos ver en el deplorable caso de Iván Velásquez, magistrado estrella contra la llamada parapolítica.
Todo esto raya con los límites de una democracia moderna. Estos actos comprobados por la Corte Suprema de Justicia ponen en tela de juicio la labor del gobierno anterior en cuanto al respeto por derechos gruesos como el de la intimidad. Y aunque el hoy senador Álvaro Uribe poco se refiera al tema de las chuzadas e insista en que todo lo que se hizo bajo su mandato fue legal, son hartas las objeciones que se levantan desde este fallo. Contradice, al menos en principio, ese postulado: el DAS, en esta versión de la historia que nos relata el magistrado Castro, cometió actos ilegales, desnaturalizó su función primordial y dejó de proteger al Estado colombiano de peligros reales para perseguir una serie de personas sin motivaciones legítimas.
El regreso de María del Pilar Hurtado a Colombia permite que tengamos más claridad sobre la historia que nos ha rodeado como país. Pero mal haríamos en dar un parte de tranquilidad cuando las operaciones, según lo que ha dicho el juez, eran ordenadas desde la Casa de Nariño: allá se recibían los resultados y allá se evaluaba el paso a seguir en esta red de espionaje. Insistimos, entonces: este es un nivel nuevo, y bastante avanzado, de cercanía con funcionarios de primer nivel que por ahora no están incluidos en este fallo.
Decir que desconocían estas actividades es un atentado contra la lógica y una realidad bastante improbable. Así que si hasta acá avanzamos queda, por supuesto, un paso más que dar en todo este episodio histórico: para cerrarlo definitivamente, para darle un punto final, hay que hacer claridad del nivel de responsabilidad de todos los sospechosos. Adelante, entonces.
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