Todos los obstáculos a la muerte digna

El sistema de salud colombiano está plagado de historias crueles. Personas que deben esperar demasiado tiempo en salas de urgencia mal equipadas; pacientes que no reciben el tratamiento adecuado; citas que se programan meses después de que surgen los problemas de salud. A esos, se suma la desidia con que muchos funcionarios se aproximan al tema de la eutanasia.

Una decisión reciente de la Corte Constitucional demuestra cómo el moralismo y la incompetencia, en la práctica, se traducen en personas que sufren innecesariamente. El caso puntual era sobre un niño de 13 años que tenía parálisis cerebral severa desde su nacimiento. Según sus familiares, esto derivó en “otras patologías igualmente graves”, como epilepsia de difícil control, escoliosis severa, displasia de cadera bilateral y reflujo gastroesofágico severo.

Sus padres afirmaron que las enfermedades que desarrolló su hijo hacían “cada día más difícil su existencia, provocando gran sufrimiento y presenta sofocamiento por falta de oxígeno, de día y de noche”. Por eso, amparados en la Constitución, solicitaron a la EPS que realizara el procedimiento de eutanasia para que el menor no tuviera que sufrir más.

La respuesta, como es tan común en casos similares en que la regulación es laxa y los moralismos priman, fue de pura desidia institucional. No tramitaron la solicitud como era debido y los padres eventualmente se cansaron. Además, la EPS falló en prestar un servicio adecuado, lo que empeoró el sufrimiento del menor. Finalmente, el niño murió el 15 de marzo de este año, después de padecer cinco días de dificultades respiratorias y epilepsia.

Es necesario preguntar: ¿Cuál es el objetivo que se cumple aplazando innecesariamente esa muerte? ¿Qué gana el país protegiendo el sufrimiento de un menor de edad para decir que “la vida es sagrada”? ¿Por qué hay tanta complicidad con la incompetencia burocrática de los operadores que con su desidia entorpecen los procesos de eutanasia? ¿Hasta cuándo el Congreso de la República va a seguir ignorando el tema, demostrando su incapacidad de liderazgo en temas complejos con tensiones morales?

La Corte Constitucional, como ha venido haciendo ante el silencio de los congresistas, exhortó al Ministerio de Salud a expedir una reglamentación y a que haya una ley en los próximos dos años. Mientras tanto, expandió el derecho a la muerte digna a los menores de edad, previo proceso ante un comité médico que analice con seriedad caso a caso. “El estudio de las solicitudes en cada etapa deberá considerar la madurez emocional de cada NNA (niños, niñas y adolescentes) y, cuando sea aplicable, diseñar mecanismos para la manifestación del consentimiento sustituto por los dos padres del menor de edad o quienes tengan su representación”, explicó el tribunal. También le pidió a la Superintendencia de Salud que vigile de cerca la toma de medidas para que actuaciones como las del caso que venimos comentando no se repitan.

La eutanasia es un tema complejo y una decisión muy difícil, pero es una opción que todos los colombianos deben tener como ejercicio de su derecho fundamental a la autodeterminación. Por eso, es descorazonador escuchar voces como la de la senadora María del Rosario Guerra, quien ante la decisión dijo que “Seguimos con la cultura de la muerte. Ahora promueven la muerte de los niños”.

Aunque esas declaraciones incendiarias dan réditos políticos, desdibujan por completo el debate. No se trata de promover una cultura de la muerte; al contrario, la eutanasia es un gesto de empatía y humanidad. No hay motivos para seguir estorbándola.

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