Mientras Tolima sigue ardiendo, hay una pregunta que se ha vuelto cada vez más urgente: ¿quién está detrás de los incendios forestales y cómo podemos detenerlos? Lo que empezó como una emergencia atribuida al fenómeno de El Niño, ahora se ha convertido en la sospecha de un entramado criminal con amenazas de muerte a la gobernadora del departamento, Adriana Magali Matiz Vargas, y con distintas agresiones a los bomberos que están intentando aplacar las llamas. El apoyo del Gobierno Nacional debe ir de la mano de una investigación eficaz y exhaustiva de la Fiscalía para que el país entienda por qué hay personas que se benefician de tanta destrucción.
Los datos compartidos recientemente son abrumadores. Según el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, hay cerca de 50.000 hectáreas afectadas solo en ese departamento, 28.000 de ellas en zonas agropecuarias. “Son más de 163.000 animales en riesgo por falta de alimentación y agua, afectaciones en 23 municipios y 507 veredas; a esto se suman las consecuencias del terremoto: 44 municipios afectados, 85 viviendas colapsadas, 3.212 averiadas y 3.776 afectaciones reportadas en todo el departamento”, dijo el mandatario. Por eso, elevó la situación a calamidad pública departamental y anunció una serie de medidas urgentes.“Vamos a destinar $7 mil millones para proyectos productivos con el propósito de recuperar cultivos, unidades productivas y fuentes de ingreso afectadas por los incendios. Vamos a pensar en el día después de la emergencia, pondremos el programa Tolima Verde Renace una mesa de expertos que reunirá capacidades técnicas, ambientales, académicas y productivas para diseñar la restauración de los ecosistemas, suelos y la reactivación sostenible del campo tolimense”, prometió. No será fácil.
Sabíamos que El Niño viene con riesgos de incendios acompañados de sequías. El problema se ha empeorado con la presencia de manos criminales. El viernes, dos personas fueron encontradas en flagrancia incendiando hectáreas y fueron enviados a prisión, pero no aceptaron cargos. No son los únicos. Varias personas intentaron agredir a bomberos y autoridades que estaban luchando contra los incendios. La gobernadora Matiz Vargas publicó un comunicado: “Como consecuencia de mis posiciones y las decisiones que hemos tomado para enfrentar a los violentos y proteger a los ciudadanos, he recibido amenazas y alertas sobre atentados contra mi integridad y la de mi familia, provenientes de las disidencias de las FARC y otros grupos delincuenciales que pretenden sembrar el caos y la confrontación”. El presidente De la Espriella también dijo que hay información de inteligencia sobre cómo muchos de los incendios han sido provocados.
Debemos leer estos crímenes en el marco de un problema más grande: la ganadería extensiva e ilegal. Los incendios suelen ocurrir con propósitos de superar las capacidades de las autoridades y hacerse con el control de largos territorios para llevar a cabo ganadería y, en algunos casos, narcotráfico. Eso demuestra que las capacidades del Estado colombiano para proteger su medio ambiente son débiles, pues si a esto se le suma el fenómeno de la minería ilegal, vemos cómo los gobiernos se ven superados por la influencia de la plata fácil y de lo complejo que es ver lo que ocurre en la geografía del país en todo momento. Por eso es tan importante que, gracias a la visibilidad de lo que ocurre en el Tolima, la Fiscalía pueda contarle al país quiénes son los responsables, no solo los capturados, sino aquellos que planearon los actos. ¿Podemos evitar que esto siga ocurriendo?
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