La corrupción no debe tocar los recursos del posconflicto. Es impresentable que, después de haber conseguido contundente y cuantioso apoyo internacional para pasar la página, hoy estemos en medio de un escándalo sobre el manejo de estos dineros. Esperamos que las medidas anunciadas esta semana por el Gobierno sean suficientes para darle más transparencia a la administración de la plata y celeridad a los proyectos para la implementación de los acuerdos. No podemos desperdiciar esta oportunidad histórica.
El Gobierno informó que, luego de realizar seguimiento a los recursos del Fondo Colombia en Paz, encontró que el 97 % de los recursos se encuentran concentrados en 40 contratos. Por eso son tan preocupantes las denuncias y sospechas que persisten sobre supuestos malos manejos. En síntesis, parece que la burocracia política corrupta, tan arraigada en nuestro país, también ha intentado meterles mano a las inversiones que deberían estar consolidando la implementación del acuerdo.
La buena noticia es que la administración de Juan Manuel Santos ha reconocido la urgencia del problema y ha anunciado medidas de choque para verificar la transparencia.
Óscar Naranjo, vicepresidente de la República, dijo que el Gobierno buscará “acelerar la implementación de los acuerdos, en especial lo relacionado con los proyectos productivos”. Por su parte, la viceministra general de Hacienda, Paula Acosta, dijo que se contrató a “la firma Ernst and Young, de amplia trayectoria y experiencia internacional, para que desarrolle una auditoría de la contratación adelantada hasta la fecha y haga una auditoría integral en lo sucesivo”. También informó que dicha firma hará una auditoría de los sistemas de información contratados por el Fondo Colombia en Paz.
Esperamos respuestas pronto. No sólo de las auditorías, sino de los procesos penales para saber qué ocurrió y si hubo recursos embolatados.
Marlon Marín, quien ocupó los titulares por su aparente relación con los negocios de Jesús Santrich en el narcotráfico, es también un testigo de alto interés para estos procesos de los fondos de paz. Según se supo, antes de irse a declarar en Estados Unidos dio nombres de varios alcaldes de Boyacá, la costa Caribe, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca, así como de contratistas, sobre la red que buscaba información privilegiada para quedarse con contratos relacionados con el posconflicto.
Tenemos que saber qué ocurrió, quién estaba buscando aprovecharse, cómo es posible que el diseño de un programa tan importante haya permitido estas situaciones y qué acciones se van a tomar para que no ocurran nunca más.
Esto no es motivo, por cierto, para detener la implementación. Ya el acuerdo ha tambaleado demasiado como para que el Gobierno siga retrasado en el cumplimiento de las promesas. El dinero está precisamente para ejecutarlo cuanto antes y poner a andar todo lo prometido. ¿No podremos hacerlo con transparencia?
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