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Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, está asustado. Si la primera imputación en su contra por crímenes fiscales, en abril pasado, la recibió con su habitual socarronería y victimización, la segunda, esta vez en el ámbito federal, que se anunció la semana pasada, la respondió con violencia. En un discurso en el que, entre otras cosas, se lamenta por no haber podido apoderarse del petróleo de Venezuela, lanzó una frase que apunta directamente a la estabilidad de la democracia estadounidense: “Esta es la batalla final”. Detrás de los golpes en el pecho que se está dando el ahora precandidato presidencial se esconde la realidad de que una condena es mucho más probable que antes, por el caso penal más reciente en su contra.
En la imputación, el fiscal especial designado, Jack Smith, es claro: “Los documentos clasificados que [Donald Trump] tenía en sus cajas incluían información sobre las capacidades de defensa y las armas que tienen los Estados Unidos y otros países extranjeros, sobre el programa nuclear estadounidense, vulnerabilidades potenciales de los Estados Unidos y sus aliados frente a ataques militares, y planes para una posible retaliación en caso de un ataque extranjero. La divulgación no autorizada de estos documentos clasificados puede poner en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos”. Tal vez más importante aún, hay grabaciones de Trump aceptando no solo que tenía material clasificado que no debería estar en su poder, sino que lo estaba mostrando a personas cercanas e incluso decidió esconderlo de las autoridades federales cuando fueron a buscarlo en su club, Mar-a-Lago.
Mientras el caso contra Trump en Nueva York por fraude fiscal ha sido visto como complejo, este, a escala federal, tiene muchas más posibilidades de llegar a una condena, pues el delito es evidente. Incluso William Barr, quien fue fiscal general de Estados Unidos durante parte de la administración Trump, aceptó los hechos en Fox News: “Él no es una víctima aquí. Está completamente equivocado al decir que tenía el derecho a retener esos archivos. Esos documentos contienen los secretos más sensibles que tiene nuestro país”. Por eso, es necesario insistir, el trumpismo radical ha subido la temperatura de su retórica. No han bajado la acusación de persecución política y golpe de Estado.
El problema es que cuando se destruyen las instituciones y se amenaza con violencia, se pierde la democracia. Basta con escuchar a la republicana Kari Lake, que ha sonado como posible fórmula vicepresidencial de Trump en la campaña del 2024, defendiendo a su caudillo: “Si quieren atrapar al presidente Trump, tendrán que pasar por encima mío y tendrán que pasar por 75 millones de estadounidenses. Y les voy a decir una cosa: la mayoría de nosotros somos miembros de la [Asociación Nacional del Rifle]”. Es decir, ya hay amenazas de utilizar las armas en todo este fiasco.
Lo que está ocurriendo no es un golpe de Estado ni una persecución política. Al contrario, es la comprobación de que en un Estado de derecho nadie, ni los presidentes mesiánicos, están por encima de la ley. Tan sencillo y poderoso como eso. Lo dijo el fiscal Smith al anunciar su imputación: “Cumplir las leyes es el principio fundamental del Departamento de Justicia. El compromiso de nuestra nación con la primacía de las leyes es un ejemplo para el mundo. Tenemos las mismas leyes para todos en este país y las aplicamos también para todos”. Como debe ser.
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