Y eso es lamentable, sobre todo porque estas medidas, antes que afectar al Gobierno, terminan perjudicando a la ciudadanía, quien paga por “los platos rotos”. Protestar es un derecho, por supuesto. Pero hay que encontrar la forma de hacerlo sin pasar por encima de otros, sin recurrir a la violencia contra los usuarios y contra los “esquiroles”, como se les llama coloquialmente a aquellos que no apoyan la movilización. Hay que dialogar y llegar a acuerdos ya que eso, también, es parte de la protesta. Que las cosas no se solucionen por la fuerza es el ideal de un país civilizado.
Por ello es de destacar el acuerdo firmado el pasado 9 de enero por el Gobierno y los principales sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Un acuerdo que nos evitó, valga decirlo, el cese de actividades en decenas de centros penitenciarios, ya de por sí en condiciones críticas. En el acuerdo no sólo se convinieron una serie de importantes reconocimientos laborales a los guardias del Inpec, como un seguro de vida para todos los funcionarios de esta entidad, sino, además, la instalación de una mesa técnica para el próximo 15 de marzo, “donde se discutirán la situación de la crisis carcelaria y las posibles soluciones”. Loable que el acuerdo no se reduzca a una serie de bonificaciones, sino que vaya más allá y se proponga la búsqueda mancomunada de soluciones para este vergonzoso hacinamiento carcelario.
Este es un ejemplo para Asonal Judicial, que lleva ya casi tres meses en paro, un cese de actividades que ha perjudicado a una ciudadanía que ya no cree en la justicia y que ve con recelo que el paro se haya mezclado con la vacancia judicial, como si Asonal hubiera empatado una cosa con la otra.
Hoy 13 de enero finalizan las vacaciones judiciales. El Gobierno ya ha dicho que hará lo que sea necesario para que a la ciudadanía no se le vaya a impedir el acceso a los despachos judiciales, incluso, recurriendo a la Fuerza Pública. Ojalá esto no sea necesario. Asonal, por su parte, ha dicho que consultará con sus bases el futuro del paro judicial.
Dos cosas: si las bases deciden finalizar el paro hay que respetar su decisión. Y si éstas deciden continuarlo, es importante hallar la forma de que la ciudadanía no se siga viendo afectada.
Encontrar otros caminos se hace imperioso. Por ejemplo, acudir a instancias judiciales donde la misma justicia pueda referirse a las solicitudes de Asonal Judicial, entre ellas, la nivelación salarial propuesta por este sindicato. Hay que dejar de creer que no hay funcionarios independientes que puedan tomar decisiones en derecho.
Igualmente se puede acudir a intermediarios como el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, o al procurador Alejandro Ordóñez, quienes, valga decirlo, están para eso, para mediar entre la sociedad civil y el Estado. Cualquier acuerdo producto del diálogo va a tener, siempre, una mayor legitimidad que aquel producto de la violencia: la justicia, además, va a salir menos golpeada. Ya van 23 mil audiencias aplazadas por este paro. ¿Quiénes van a tener que asumir esa carga? Al parecer los mismos funcionarios judiciales. Este es un regaño también para el Gobierno. El paro, sencillamente, no debió haber llegado hasta estas instancias. Hay que seguir el ejemplo del Inpec.
Que la protesta continúe, pero no las vías de hecho, que se les deje de imponer a algunos funcionarios judiciales un paro que no apoyan, que se llegue a acuerdos que propendan no sólo por el beneficio de un puñado de funcionarios, sino por el de toda la Rama. Mejor dicho: no al paro judicial, sí a un acuerdo judicial, un acuerdo necesario e imparable.