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El asesinato de Mardonio Mejía Mendoza, director de la emisora comunitaria Sonora Estéreo en San Pedro (Sucre), es síntoma de una región del país sumida en la violencia y silenciada por los actores ilegales. Según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2023 Sucre vio casi un asesinato por día y en la primera semana del 2024 presenció 11 homicidios. Las autoridades han capturado al presunto sicario de Mejía Mendoza, pero el modus operandi, que pretende sembrar terror en toda la comunidad, exige que encontremos a los autores intelectuales de lo ocurrido. No solo para defender la precaria libertad de expresión en las regiones de Colombia, sino para que el Estado demuestre que puede proteger a todos los ciudadanos.
En dos años, el Caribe ha visto tres periodistas asesinados. Como reporta Infobae, además de Mejía Mendoza, Luis Gabriel Pereira, director del portal digital Notiorense, y Rafael Emiro Moreno, de Voces de Córdoba, fueron asesinados en 2023 y 2022, respectivamente. Cada uno de los casos involucró sicarios que actuaron con impunidad y silenciaron voces que se habían vuelto incómodas. Según la FLIP, a propósito de Mejía Mendoza, “en los últimos dos años y debido a su trayectoria periodística y visibilidad en el municipio, había sido víctima de extorsiones por su rol en la ganadería y de llamadas anónimas, en las que le cuestionaban su postura frente a la administración municipal”.
Con su asesinato, se silencian 25 años de servicio al periodismo. Mejía Mendoza ejercía el oficio más complejo dentro de la libertad de prensa, pues decidió apostarle a trabajar en una emisora local a pesar de la falta de pauta, apoyo estatal y, como ahora lo vemos, protección. Siempre que ocurren crímenes de este estilo, los efectos trascienden la tragedia de la familia y los amigos del periodista asesinado. El mensaje que se le envía a la comunidad es que no hay espacio para voces disidentes, críticas ni autónomas y que los criminales pueden operar sin temor a las autoridades. Nadie está seguro ni puede vivir tranquilo. Los resultados son el terror y la autocensura, un silencio que es trágico en regiones donde son pocos los ojos que hay sobre los recursos públicos y que vigilan al poder.
Lucy García Montes, gobernadora de Sucre, ofreció una recompensa por información del caso y las autoridades capturaron al presunto sicario. Sin embargo, persisten las dudas. ¿Quién ordenó y financió el asesinato? ¿Cómo pueden las autoridades garantizar la no repetición? ¿Qué ocurrirá con los procesos comunitarios que se ven truncados cada vez que hay un acto de tal violencia en la comunidad? ¿Cómo puede el Estado hacer presencia para proteger a los periodistas en Sucre y en todo el país? El periodismo se ejerce bajo amenaza, sí, pero no tiene por qué soportar estas tragedias. No hay libertad de prensa ni de expresión en medio de las armas y la impunidad. Exigimos justicia y claridad en el asesinato de Mejía Mendoza y de tantos otros colegas.
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