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Un ataque directo a la libertad de expresión

09 de octubre de 2020 - 03:00 a. m.
Parece que el juez que falló contra la revista “Semana” lo que quiere es un país de gente callada y periodistas sin crítica. / Foto: Cortesía
Parece que el juez que falló contra la revista “Semana” lo que quiere es un país de gente callada y periodistas sin crítica. / Foto: Cortesía
Foto: Cortesía - Semana

Vuelve un integrante de la Rama Judicial a mostrarnos su peor rostro y sacar la mordaza a la prensa. La decisión en contra de la revista Semana es un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y un claro acto de censura. Más aún, demuestra un tinte arrogante por parte del togado sobre lo que supuestamente pueden hacer y no hacer los periodistas. ¿En dónde, dentro de la Constitución, dice que un juez tiene derecho a filtrar los contenidos dando un juicio sobre su calidad e idoneidad? ¿Desde cuándo es jurisprudencia que los periodistas no pueden opinar y que, además, sus posibles opiniones corren el riesgo de suplir la función judicial? De mantenerse el precedente, sería un obstáculo contundente para la democracia colombiana y para proveer información sensible y crítica a los colombianos.

Según el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, Semana incurrió en una afectación a la intimidad familiar y personal de Marta Elena Monsalve, hermana de Juan Guillermo Monsalve, quien es el principal testigo en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe. La transgresión, dice el juzgado, fue dar a conocer el expediente de ese caso, donde se incluían las interceptaciones legales a algunos miembros de la familia de Monsalve. Por eso ordenó eliminar el contenido. Esta decisión, como bien dicen la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) y la Asociación Nacional de Medios de Comunicación (Asomedios), “configura censura y desconoce el núcleo fundamental de la libertad de expresión”.

El juez utiliza una lógica extraña para sustentar su decisión. Por un lado, dice que las pruebas no se podían publicar porque “no está permitida su utilización, menos su divulgación en asuntos diversos de la actuación penal”. También regaña a los periodistas por opinar, ya que eso es suplir “la labor judicial asignada únicamente a los jueces, incluso generando a priori juicios de valor sobre las conversaciones escuchadas”. Finalmente, en el acto más agresivo de todos, el juez le ordena a la Fiscalía investigar cuáles son las fuentes de los periodistas de Semana.

Una de dos: o el juez no entiende la importancia y la dificultad de hacer periodismo en Colombia, o lo entiende pero no le interesa y en el proceso quiere llevarse de frente la Constitución y la larga jurisprudencia de la Corte Constitucional.

¿Cuántas veces el país se ha enterado de asuntos importantes para la vida pública gracias a la divulgación de información de procesos judiciales? Incontables. ¿Cuántas veces el debate público se ha nutrido gracias al periodismo que revela lo que suele quedar encerrado en los archivos de los juzgados y la Fiscalía? Claro que es de alta relevancia pública que el país conozca todos los detalles del proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Sin esa transparencia, ¿cómo van las personas a tomar decisiones informadas?

Amenazar, además, con averiguar las fuentes de información es censurar de antemano y hacia el futuro el trabajo de todos los periodistas. En este país no hay fuentes prohibidas. La reserva del anonimato, además, ha sido esencial para arrojar luces sobre asuntos públicos que estaban en la oscuridad y tenían la complicidad del silencio.

Finalmente, ¿cómo así que no se puede opinar sobre procesos judiciales? En este país de impunidad por los cielos, de casos que nunca se resuelven, de una justicia colapsada, ¿es siquiera realista creer que la única verdad es la procesal y la judicial? Parece más bien que el juez lo que quiere es un país de gente callada y periodistas sin crítica.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

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Ricardo(56910)11 de octubre de 2020 - 02:45 a. m.
Cuando la justicia se atreve a fallar en lago que contradiga los interese de la extrema derecha, no faltan quienes se rasgan las vestiduras po ese atrevimiento
Helena(66766)10 de octubre de 2020 - 03:57 a. m.
No estoy de acuerdo con este editorial! Me sorprende pues eso de permitirle al reo que se dice secuestrado entrevistas es la forma más grotesca de circo que se ha visto y siento mucho pero los procesos no se debían ventilar bajo el pretexto de informar y esa señora tiene razón al entutelar al pasquín semana...
Helena(66766)10 de octubre de 2020 - 03:57 a. m.
No estoy de acuerdo con este editorial! Me sorprende pues eso de permitirle al reo que se dice secuestrado entrevistas es la forma más grotesca de circo que se ha visto y siento mucho pero los procesos no se debían ventilar bajo el pretexto de informar y esa señora tiene razón al entutelar al pasquín semana...
Alvaro(14090)10 de octubre de 2020 - 03:13 a. m.
El juez lo unico que censura es una informacion que no tiene que ver con el proceso, ademas quien pregunta por la "fuente", o se filtra la informacion al estilo "uribista", hay muchas mas casos de censura que no defienden a los periodistas pero como todo es atacar al que no esta de acuerdo con ellos, lastima que El Espectador se rebaje al nivel del "Tiempo y Semana"medios mediocres y sesgados .
Adrianus(87145)09 de octubre de 2020 - 10:13 p. m.
"sin esa transparencia ¿cómo van las personas a tomar decisiones informadas?" Usted cree que las personas, aparte de los jueces del caso, tenemos que tomar decisiones respecto a lo que el sindicado hizo o dejó de hacer? Toman decisiones los jueces, los demás somos tribuna señor director. Por tanto, información sensible no tiene porque ponerse en conocimiento público. No tiene justificación.
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