Un buen ejemplo para Colombia

Chile acaba de promulgar una ley que promete entrar a solucionar el principal problema de las pequeñas empresas en ese país: el flujo de caja. Cumpliendo una promesa hecha a los gremios de pequeños y medianos empresarios, Sebastián Piñera, presidente de ese país, firmó la ley de pago a 30 días, que impone un límite de tiempo para la cancelación de las facturas a estas empresas. En Colombia ya se anuncia una iniciativa similar y esa debería ser una de las prioridades del Gobierno en el período legislativo que está por iniciar.

En Chile, las pymes (empresas pequeñas o medianas) representan el 98,7 % de las empresas formales, según retoma La República. Pero estas empresas enfrentan un problema: la falta de flujo de caja por la demora en el pago de las facturas que emiten. En promedio, el plazo de pago de una factura está entre 60 y 120 días, lo que significa que durante ese tiempo la empresa no cuenta con ese capital para realizar inversiones o cubrir sus propias obligaciones. Para emprendimientos de menor tamaño, esa espera suele ser mortal.

Por eso, el presidente Piñera dijo que “esta ley viene a hacer justicia con nuestras pymes, porque va a evitar que las grandes empresas, muchas veces, se queden con el capital de trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país”. En la práctica, la normativa establece un plazo máximo de 30 días para el pago de las facturas, sancionando con intereses cada día de retraso. Para asegurar el monitoreo del cumplimiento, también se crea una guía de despacho electrónica para rastrear la fecha de entrega del bien o servicio en cuestión.

De funcionar, la medida permitirá una mejor planeación y, por ende, fomentará la sostenibilidad de las pymes, mejorando así la estabilidad de la economía chilena. Colombia debería seguir el ejemplo.

Por fortuna, en nuestro país ya está en curso una propuesta similar. Por un lado, Acopi, el gremio de las pymes, radicó un proyecto de ley con el representante a la Cámara Mauricio Toro, del Partido Verde. La propuesta es establecer un límite al tiempo de pago, fijando primero un período de transición en el que ese plazo se vaya reduciendo paulatinamente para que el mercado se acostumbre. Aunque el Congreso no ha discutido el tema, nos parece que es una iniciativa que debería recibir el apoyo de todos los partidos.

Por otro lado, la administración de Iván Duque también ha manifestado su intención de, en menos de un mes, presentar un borrador de propuesta a los gremios para obtener algo similar. Según le dijo el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, a La República, “más del 60 % de los problemas registrados por este gremio se basan en un pobre flujo de caja. Por eso llegó el momento de enfrentar esta problemática. Desde el Gobierno quisiéramos una propuesta más comprensiva, que incorpore los componentes de simplificación y de costos de trámites administrativos”. Por su parte, el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, partido de gobierno, anunció en su cuenta de Twitter que “presentaremos proyecto de ley similar al chileno para que a las pequeñas empresas les paguen a tiempo, hoy las asfixian con plazos”.

Sea cual sea el proyecto que se adopte, celebramos que se impulse cuanto antes la medida. Este tipo de iniciativas, si se implementan bien, pueden dar alivio a una economía golpeada y, ojalá, ayudar en la generación de empleo. Chile ya dio el primer paso. Esperamos que Colombia no tarde en dar el propio.

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