Un buen proyecto anticorrupción

El Gobierno nacional está impulsando un ambicioso proyecto que busca traer transparencia y combatir la corrupción. Aunque en el pasado el Congreso y el mismo Ejecutivo le han hecho el quite al tema, con el desastre de las propuestas de la consulta anticorrupción, la nueva iniciativa, impulsada desde la Vicepresidencia, tiene una serie de medidas que el país necesita. Ante todo, les enviaría un mensaje simbólico poderoso a los colombianos y a los corruptos: los recursos son sagrados. Dentro de las prioridades del Legislativo debería incluirse esta propuesta, que tiene buenas ideas para intervenir en las dinámicas corruptas que tanto conocemos. ¿Le prestará atención el Congreso al tema en esta ocasión?

Son varias las medidas propuestas. Dentro de las más atractivas queremos resaltar dos. La primera es un sistema de protección a quien denuncie actos de corrupción, ya sea en el sector privado como en el público. No se trata de un asunto menor. Según datos recopilados por el barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe 2019, el 78 % de las personas creen que sufrirán represalias si denuncian hechos corruptos. Y es una creencia justificada. En Colombia hemos visto hechos lamentables donde las autoridades terminan concentrándose en perseguir a quienes prenden las alarmas. La sensación que queda es que no vale la pena arriesgar tanto si el sistema institucional no está a la altura de las denuncias. Por eso hay que cambiar esa dinámica.

Para solucionar esa situación, el proyecto del Gobierno propone una serie de acciones para proteger a quienes denuncien o sean testigos de actos de corrupción. Eso implica una intervención en todos los procesos disciplinarios que surjan de denuncias por acoso laboral contra quienes hayan prendido las alarmas en sus puestos de trabajo. También, expedir una serie de recomendaciones para adecuar las condiciones laborales y crear ambientes seguros para la denuncia. Esto se articularía con la Unidad Nacional de Protección y la Fiscalía. Las medidas de protección se darán en el ámbito laboral, para trabajadores del sector privado, servidores públicos y contratistas de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

No somos ingenuos: aunque se trata de buenas ideas, la realidad es que quienes denuncian en Colombia van a seguir teniendo muchos retos. El acoso laboral es fácil de disfrazar. Por eso, no obstante, un mensaje poderoso desde el Estado y directrices claras pueden servir de respaldo. Pero hay que seguir buscando la forma de blindar a estas personas.

El otro aspecto importante del proyecto es el relacionado con las consecuencias, pues se reconoce que es necesario aplicar sanciones penales y administrativas a las personas jurídicas que estén involucradas en actos de corrupción, incluso inhabilitándolas para contratar con el Estado. Esto, sumado a la idea de perseguir a los “beneficiarios finales”, las personas naturales que administran las sociedades, se convierte en una buena manera de fortalecer a la justicia colombiana y a las autoridades. Muchas empresas sobreviven escudadas en la idea de que se trató de una “manzana podrida”, pese a que el actuar corrupto de la persona condenada terminó beneficiando a toda la compañía. Se trata, utilizando el sentido común, de entender la corrupción como un fenómeno mucho más complejo.

Esperamos que, con el impulso del Gobierno, el Congreso dé este paso adelante en la lucha anticorrupción. Ya es hora de dar señales de interés en el tema.

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