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Ya era hora: Estados Unidos sacará a las extintas Farc de su lista de organizaciones terroristas. No solo eso, sino que mantendrá las prohibiciones de entrar al país o tener acceso al sistema financiero mundial para las dos disidencias más importantes que surgieron de la desmovilización de ese grupo. Debió ocurrir antes, pero la política de la administración de Donald Trump ante Colombia fue a menudo errática y hostil, con una ambivalencia preocupante ante el Acuerdo de Paz. Por fortuna, la administración de Joe Biden entiende lo obvio: que los rostros del conflicto colombiano cambiaron y que las Farc dieron el importante paso de dejar a un lado las armas y someterse a la legalidad del país.
Desde 1997, las Farc fueron incluidas en la lista de organizaciones terroristas. Tenía todo el sentido. En aquel entonces y en los años posteriores la guerrilla se comportó como una de las principales amenazas a la estabilidad de Colombia, sembrando pánico, causando mucho sufrimiento y utilizando sus nexos con el narcotráfico para influir en otros países. La inclusión de las Farc en esa lista le sirvió a nuestro país a nivel simbólico, pues representó un respaldo a la legitimidad del Estado, y práctico, pues permitió que Estados Unidos y otros países ayudaran en la guerra contra la organización. Sin embargo, desde que la administración de Juan Manuel Santos se sentó a dialogar con las Farc es innegable que el grupo mutó.
Ya van cinco años de acuerdo y un poco menos de participación política de muchos exmiembros de las Farc. Hoy los excombatientes son senadores, representantes a la Cámara, emprendedores y ciudadanos en la legalidad. Más aún, muchos de ellos siguen siendo perseguidos por organizaciones al margen de la ley que quieren silenciarlos y sabotear los esfuerzos de Colombia por alcanzar la paz. Seguir llamándolos terroristas cuando están sometidos a la legalidad y además están cumpliendo sus compromisos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es inadecuado. Estados Unidos da un paso decisivo en apoyo a lo acordado al reconocer la nueva realidad.
El otro aspecto importante de la decisión que está en vísperas de definir el Congreso estadounidense es reconocer el peligro que representan las disidencias. Quienes volvieron a tomar las armas después del Acuerdo de Paz traicionaron a Colombia. Ahí no hay discurso que valga: carentes de sustento ideológico, se trata de simples criminales que no quisieron adoptar un lenguaje distinto al de la violencia y el narcotráfico. Como bien dijo el presidente Iván Duque el miércoles: “Hay personas que están en proceso de reincorporación, que están dando un paso genuino a la legalidad” y “disidencias que son amenazas, terroristas, y que se están enfrentando con toda la contundencia. Colombia tiene en su lista de organizaciones terroristas a todas esas disidencias que amenazan a nuestro país, que las confrontamos con total legalidad”. Es apenas lógico, entonces, que Estados Unidos coordine esfuerzos en esa persecución contra los grupos ilegales.
Los grupos incluidos en la lista son los liderados por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Miguel Botache Santillana, apodado Gentil Duarte. Ambos se han convertido en dos de las principales amenazas que enfrenta la democracia colombiana. Celebramos este paso que respalda la institucionalidad y confirma que apostarle a la paz sigue siendo el camino.
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