En un video donde ataca a los medios de comunicación que hemos cubierto la noticia sobre su inhabilidad, Rodolfo Hernández, candidato a la Gobernación de Santander, siembra un manto de duda sobre toda la institucionalidad colombiana. Dice que no está inhabilitado porque la Procuraduría General de la Nación no puede tomar esa decisión en el marco de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El problema es que esa estrategia, empleada por quien lidera las encuestas para la Gobernación, está siendo usada a lo largo y ancho del país. El limbo jurídico en el que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen a Colombia, que ya llevó al enfrentamiento público entre la procuradora Margarita Cabello y el presidente Gustavo Petro, es un desastre en vísperas de elecciones. Lo peor: no parece haber solución antes de que los colombianos salgan a las urnas.
Citamos el caso de Hernández porque, siendo el candidato que terminó de segundo en las elecciones presidenciales del año pasado, es el que más visibilidad tiene. Sin embargo, abundan los ejemplos. La procuradora Cabello dijo que, a corte del 19 de septiembre, “encontramos que 724 candidatos registraron anotaciones que generan inhabilidad para ser elegidos y desempeñar el cargo al cual se inscribieron”. El problema es que, en medio del limbo jurídico, es probable que muchos de ellos sean elegidos sin que se tomen las medidas correspondientes.
Hace una semana, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que en marzo del año entrante se presentará un acto legislativo para reformar la Procuraduría y la Contraloría. Según el comunicado de Presidencia con respecto al Ministerio Público, “la reforma agrega que no tendrán funciones jurisdiccionales y no podrán limitar los derechos políticos de los ciudadanos a ser elegidos y a ejercer cargos de elección popular”. Esto, en cumplimiento de la interpretación que el presidente Gustavo Petro le ha dado a la decisión de la Corte IDH y que en este espacio hemos compartido.
No obstante, el problema actual persiste. La Corte Constitucional fue enfática en decir que la jurisprudencia de la Corte IDH tiene que armonizarse con la jurisprudencia nacional y por eso permitió que la Procuraduría siga tomando decisiones de inhabilidades siempre y cuando sean revisadas por el Consejo de Estado. La situación empeora porque el Consejo de Estado ha sido errático al revisar esas decisiones de la Procuraduría, a tal punto que algunas las ha negado citando de nuevo a la Corte IDH.
Entonces, ¿qué hacer? Nos parece que la Corte Constitucional tiene la última palabra en Colombia y, mientras no se apruebe la reforma anunciada, su jurisprudencia es la que debe primar. Los candidatos inhabilitados en cumplimiento del debido proceso no pueden participar en las próximas elecciones, aunque, por supuesto, tienen derecho a exigir protección en el sistema internacional. No deberíamos estar teniendo esta discusión tan cerca de las elecciones, pero a eso nos llevó la problemática reforma a la Procuraduría que se aprobó en el gobierno anterior.
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