¿Un Congreso para quiénes?

Los congresistas han operado, en muchas ocasiones, como el filtro entre la nación y los departamentos, buscando el favorecimiento de sus burocracias clientelares que luego los ayudan a permanecer en sus cargos.

Foto: EFE - Carlos Ortega

Una de las reformas más importantes aprobadas por el Congreso anterior fue una sorpresa incluso para el Gobierno Nacional, que terminó impulsándola a regañadientes por la influencia de Juan Fernando Cristo como breve ministro del Interior. A pesar de que los cuatro años pasados en términos legislativos se caracterizaron por un estancamiento legislativo, la modificación a la manera en que se asignan los recursos públicos entre la nación y las entidades territoriales implica una modificación estructural a como venimos entendiendo el rol del Estado en Colombia. Sus defensores dicen que se trata de cumplir, por fin, la promesa de la descentralización establecida en la Constitución. Sus críticos se lamentan por el debilitamiento del Gobierno Central y se preocupan por la falta de capacidades instaladas en alcaldías y gobernaciones. En todo caso, falta la ley más importante para que entre en funcionamiento, pues aún no contamos con una normativa de competencias que diga con claridad cuáles funciones serán para los gobiernos locales y cuáles para el nacional. Nos parece que la pregunta de fondo es más grande: ¿hay voluntad de modificar la cultura política colombiana?

Decimos que la aprobación de esa norma fue una sorpresa porque se trató de iniciativa legislativa y, además, mostró un nivel de ambición rara vez visto en la Rama Legislativa. Estamos hablando de un Congreso más dado a fomentar la creación de nuevos festivos, aprobar leyes que censuren la realización de encuestas, o quejarse por la idea de que les reduzcan el sueldo. Históricamente, el Legislativo ha sido incapaz de aprobar reformas políticas necesarias y se ha hecho el de las gafas con debates álgidos, como los que conciernen a los derechos al aborto y la eutanasia. Al cierre de esta edición no sabemos en qué terminó el circo de elección de las mesas directivas del Congreso que acaba de empezar funciones, pero los días previos nos mostraron rutinas clientelares que los colombianos ya conocen y desprecian.

Mencionar esos detalles tiene relevancia para la conversación sobre descentralización. La idea tiene mérito porque reconoce la frustración constante de los gobiernos locales para tomar decisiones que los afectan en el día a día. También es una respuesta a una de las mayores fuentes de reclamos por parte de los ciudadanos hacia la institucionalidad colombiana. Como escribe Hernando Gómez Buendía, haciéndole eco a Max Weber: “La burocracia existe porque es la mejor manera conocida de lograr grandes cosas, pero es también la forma más segura de demorarse en las pequeñas cosas”. El Gobierno Nacional colombiano ha servido para los debates más grandes, pero implica muchas trabas para esas “pequeñas cosas” que influyen en la calidad de vida de los colombianos.

No obstante, el debate necesita una dosis de realidad. Los congresistas han operado, en muchas ocasiones, como el filtro entre la nación y los departamentos, buscando el favorecimiento de sus burocracias clientelares que luego los ayudan a permanecer en sus cargos. El problema de alcaldías y gobernaciones no es solo de capacidades, sino que por muchas razones que no tenemos espacio de explorar integralmente, también se prestan para que haya municipios que operan como feudos de unos pocos políticos en el poder. Darles más competencias implica, también, aumentar la capacidad de captura de recursos públicos. Eso no es democracia.

La discusión no es si el Gobierno Nacional es más o menos dado a la corrupción que alcaldías, concejos, gobernaciones y asambleas. La pregunta es sobre la cultura política colombiana. Mientras el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella prepara su liderazgo en torno a la ley de competencias, no perdamos de vista esa realidad. ¿Para quiénes va a legislar este Congreso?

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