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Ni criminalización, ni la aspersión con glifosato, ni la erradicación forzada, ni los ingentes recursos extranjeros han logrado hacer mella en el negocio del narcotráfico y el país parece encontrarse en el mismo punto que hace décadas. Ya lo hemos dicho en este espacio: el fracaso de la guerra contra las drogas está sobrediagnosticado y contrasta con el inmovilismo de las políticas no solo en Colombia sino en el resto del mundo.
Por eso generaba tanta expectativa la nueva política de drogas que propondría el gobierno Petro, que fue anunciada recientemente por el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Lejos de los discursos moralistas y catastrofistas de quienes se rasgan las vestiduras por el tema de los cultivos ilícitos, la propuesta del Gobierno no es radical en sus planteamientos, pero sí tiene un enfoque distinto que privilegia los derechos humanos, la salud pública y allana el camino hacia una necesaria regulación de las drogas en el futuro, aunque esto último todavía se vea lejano.
Los ocho ejes de la política serán: transformación territorial, acciones para prevenir el deterioro del medio ambiente, salud pública y prevención de riesgos, regulación justa, liderazgo internacional, seguridad humana y paz total, justicia social y dignificación, inclusión cultural y cambio de narrativas.
A todas luces es una política ambiciosa y expansiva que aborda el problema de manera transversal e integral, y esa es probablemente su mayor virtud. Además, coincide con muchas de las recomendaciones sobre cultivos ilícitos y el tránsito a economías legales que un grupo de expertos liderado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) emitió para el gobierno Petro el año pasado. No se trataría simplemente de contar y erradicar hectáreas, como hemos venido haciendo, sino de reducir riesgos y daños, llevar bienestar duradero a las comunidades cultivadoras y concentrar los esfuerzos punitivos en las estructuras criminales, lo cual nos parece un acierto.
De esos ocho ejes, además, resaltamos que por fin se quiera cambiar la relación conflictiva entre el Estado y los dos eslabones más débiles de la cadena, los campesinos y los consumidores, que ha estado marcada por una persecución violenta e irracional. Restablecer la confianza en el Estado también es una deuda pendiente que dejó la guerra contra las drogas.
Aunque Colombia+20 de El Espectador conoció el borrador del plan, todavía se sigue discutiendo en el Consejo Nacional de Estupefacientes y no se ha presentado de manera oficial. Falta aclarar muchos detalles y la articulación con más de 15 ministerios, direcciones y oficinas del Gobierno involucradas requerirá un esfuerzo enorme. El costo de este plan sería de unos $18,7 billones, según documentos a los que tuvo acceso este diario. Además, el Gobierno tiene que establecer objetivos concretos que puedan dar resultados tangibles en lo que queda de este periodo y acoplar sus políticas de drogas, paz y seguridad.
Ya sabemos lo que no funciona. Colombia ha sido un laboratorio de innumerables pruebas que han resultado costosas y fallidas en términos económicos, ambientales y humanos. Es momento de probar un enfoque distinto.
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