No sólo fue suspendido por cuenta de su presunta participación en el llamado ‘carrusel de la contratación’, asunto que dejó a la ciudad despedazada y con un desfalco multimillonario encima, sino que es protagonista de muchas otras cosas: el desprestigio que atraviesa su partido, el Polo Democrático, por cuenta de la deslegitimación vivida durante su gobierno; las obras (aún) atrasadas que fueron prometidas años atrás; así como su carta de rendición de cuentas escrita desde la cárcel, mientras una mucho más popular alcaldesa encargada, Clara López, recibía a un disidente Gustavo Petro como nuevo alcalde de la capital.
A este conjunto de sucesos desafortunados se suma hoy el escándalo por su supuesta participación en el llamado ‘carrusel de la salud’ que hace dos días este diario sacó a la luz de la opinión pública. Uno más en el listado. Se trata de un auto de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 4 de noviembre del año que acabó y firmado por los magistrados Javier Zapata, José Leonidas Bustos y Julio Enrique Socha.
Esta providencia tiene como fundamento los testimonios de Germán Olano, la contratista Gloria García Coronel y la documentación del CTI, que cuentan sobre la presunta intención de Moreno (en ese entonces congresista de la República) de adjudicar el hospital de Meissen —que costó la nada despreciable suma de $33 mil millones— a una empresa del polémico contratista Julio Gómez, mientras que la interventoría sería adjudicada al abogado Manuel Sánchez. Los dos apoyaron posteriormente su campaña camino a la Alcaldía que ocupó.
Los testigos base de esta providencia cuentan algunas otras cosas: la amistad de Samuel e Iván Moreno, Manuel Sánchez y Julio Gómez, con el entonces secretario de Salud Héctor Zambrano, así como de Hernando Lizcano Benítez y Luis Guillermo Cantor Wilches, estos últimos, algún tiempo después, gerentes del hospital de Meissen y del Simón Bolívar.
Y así, con esos nombres y situaciones (que van un poco más allá, porque involucran, por ejemplo, al exalcalde Lucho Garzón y a siete concejales, entre otros), la Corte Suprema de Justicia tuvo fundamento para remitirle las copias a la Fiscalía General de la Nación para que así inicie las investigaciones que sean pertinentes e indague a fondo si hay o no responsabilidad de los implicados mencionados.
¿La punta del iceberg? Parece que sí. Al parecer los males de la capital exceden, como dijimos en la nota que descubrió este reciente escándalo, las obras fallidas de la malla vial. Faltará ver si aún hay tela por cortar. No sólo en aras de que se sepa la verdad y de que la justicia pueda obrar con prontitud para que los bogotanos sepan lo realmente acontecido, sino también por la salud de una capital que, después de haberse transformado en mente y cuerpo, fue vapuleada en su buena fe y en cuyo crecimiento encontró un obstáculo muy grande.
Lucho Garzón manifestó que es pertinente que las instancias de investigación y judiciales lleguen al fondo. Tiene razón. Es, además, la única forma de cerrar sanamente este ciclo. Adelante.
Por El Espectador
