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El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, dice ser un defensor de la institucionalidad, pero convirtió el último año y medio de su mandato en una oportunidad para subir su perfil político con miras a una posible futura campaña electoral. Declaración tras declaración, el líder del ente investigador se dedicó a radicalizar sus opiniones y no desperdiciar micrófono para arreciar contra el gobierno de Gustavo Petro. Más allá de que tenga justas preocupaciones sobre asuntos de política criminal, las palabras y el tono usado denotan un interés por figurar en el debate público que desdice de sus funciones y que, en lugar de proteger la institucionalidad, la ha socavado con sus personalísimos intereses. El daño reputacional a la Fiscalía es notable, pues si su cabeza está politizada, se pierde la confianza en el actuar de toda la entidad.
A un mes de salir de su puesto, el fiscal Barbosa está en abierta oposición al gobierno de Gustavo Petro. En un consejo de seguridad en Medellín opinó sobre el desastre de los Juegos Panamericanos: “Si fueran los panamericanos del crimen, yo me imagino que hubieran girado rápidamente, pero como son los de deporte, pues no giraron”. ¿Qué tiene que ver eso con política criminal o con las funciones de la Fiscalía? Nada, pero el fiscal ya se siente cómodo en su rol político.
Y no se detuvo ahí. En una larga entrevista con El Colombiano, dio una serie de declaraciones problemáticas, por decir lo menos. “¿A qué se debe el aumento del crimen en el último año y medio? Al gobierno de Gustavo Petro, sin ninguna duda. Es decir, es un gobierno en donde básicamente lo que se buscó fue favorecer criminales”, dijo. Luego agregó que el gobierno Petro está “dirigido por una persona que tiene un pasado delictivo y que no le ha dicho la verdad al país”. Finalmente, dijo que el presidente Petro “no representa a la institucionalidad colombiana” y que si ganó las elecciones es porque se trata de “un accidente dentro de una democracia y todos lo tenemos que aceptar hasta el 7 de agosto de 2026”. Cuando las declaraciones parecen más columnas de opinión que comunicaciones de un servidor público, ¿cómo no creer que está en campaña política?
Es cierto que también el presidente Petro ha buscado antagonizar con la Fiscalía varias veces, pero eso no justifica el actuar irresponsable del fiscal Barbosa. No se trata de un libre ejercicio de la libertad de opinión, pues sus intervenciones han ido más allá de lo que le compete a la entidad. El fiscal ha buscado deslegitimar a la Presidencia y al Gobierno, asociándolos con el crimen organizado y cuestionando sus decisiones. Una cosa es no estar de acuerdo con la política criminal, otra muy distinta es dejar en el aire la idea de que la administración Petro está buscando favorecer a los grupos al margen de la ley. También es evidentemente falso que el presidente no representa a la institucionalidad. Este Gobierno fue elegido democráticamente y ha actuado dentro de la Constitución. Más allá de las críticas que se le puedan formular, no le corresponde a un fiscal general hacerlas.
Lo que nos queda, entonces, son los recursos de los colombianos utilizados para financiar la labor de un fiscal con objetivos políticos. Si se pierde autonomía y transparencia en la Fiscalía y se enmarca el trabajo en declaraciones políticas, eso sí que termina golpeando a la institucionalidad.
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