Un fiscal moderno volcado a la farándula

Ideológicamente es difícil reprochar los conceptos que el exfiscal Montealegre trajo al cargo, pero su forma personalista de lidiar con la opinión pública ayudó a minar la reputación de la entidad que dirigía.

La Fiscalía de Eduardo Montealegre dejó buenas ideas, pero mucha atención innecesaria.

Terminó este lunes el período de Eduardo Montealegre Lynett como fiscal general de la Nación y, como fue característico de su tiempo en el cargo, se va dando mucho de qué hablar. Si bien sus ambiciosas propuestas de modernización y organización de la Fiscalía son esenciales para mejorar el actuar de ese órgano de control, su forma personalista de lidiar con la opinión pública y con ciertos escándalos ayudó a minar la reputación de la entidad que dirigía.

Ideológicamente es difícil reprocharle los conceptos que trajo al cargo. Desde su primer día, su propuesta de crear la Unidad de Análisis y Contexto le dio al país un diagnóstico preciso de las falencias en las raíces de la Fiscalía y una solución sugerente: empezar a entender los delitos que ocurren en Colombia de manera macro, respondiendo a una cadena de situaciones y no como luchas aisladas encabezadas por fiscales regionales. El mismo Montealegre, en entrevista con El Tiempo, dijo que su mayor orgullo fue esto, pues deja “preparada la Fiscalía para los enormes desafíos de la jurisdicción especial de paz”. Sobre eso último falta ver cómo va a funcionar el órgano de control después de Montealegre, pero se le debe reconocer su iniciativa, así como su compromiso con la protección de las minorías en las oportunidades que tuvo.

Sin embargo, es en la misma Unidad de Análisis y Contexto donde se pueden ver las actitudes reprochables del exfiscal. Alejandro Ramelli, un jurista reconocido nacional e internacionalmente, fue el encargado de liderar la creación y conformación de la unidad, pero en febrero de 2014 renunció. Un tiempo después se supo que lo hizo por no estar de acuerdo con la asignación de contratos a una firma de Natalia Springer que superaron los $4.200 millones y cuyos resultados eran de discutible, por decir lo menos, contribución. Al estallar el escándalo, Montealegre salió a descalificar públicamente las credenciales de Ramelli, y pese a las preguntas legítimas de la opinión pública, asumió todo el asunto en un tono desafiante. Tanto fue así que, al tiempo que la Fiscalía anunciaba una investigación de los contratos con Springer, el propio fiscal la condecoraba en ceremonia oficial. En la entrevista mencionada dijo que “sus trabajos servirán para imputar delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a los dirigentes de la insurgencia”. El país sigue a la espera de tan esperados resultados.

Lo anterior dejó además un saldo de enfrentamientos con la prensa, específicamente con Vicky Dávila y María Jimena Duzán. Aunque Montealegre dice con orgullo que se caracterizó “por ser políticamente incorrecto”, en la práctica eso significó que el director de uno de los órganos con más poder en el país libró batallas contra individuos en temas que no necesariamente correspondían a su competencia, y cuando sí eran de su alcance, como con la excontralora Sandra Morelli, no dejó de ser preocupante ver a toda la Fiscalía volcada en discusiones con tonos muy personales.

Esa actitud de conflicto constante crea un halo inadecuado alrededor de investigaciones fundamentales para el país, como las relacionadas con Saludcoop (que no avanzaron) y con el paramilitarismo (especialmente el polémico proceso contra Santiago Uribe por sus nexos con los 12 Apóstoles).

Aunque la Fiscalía de Montealegre le sirvió al presidente Juan Manuel Santos para dar ciertas peleas públicas, ojalá en la elección de su sucesor o sucesora se le dé prioridad a quien pueda seguir modernizando esa institución, pero sin reclamar para sí tanto protagonismo mediático inadecuado. Para estar más allá de toda duda, ese órgano de control debe separarse del lodazal que es el debate político diario en Colombia.

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