Un golpe anunciado

La votación del Senado brasileño destituyendo a la presidenta Dilma Rousseff pasará a la historia de América Latina como un hecho vergonzoso para la democracia regional. Brasil, una potencia regional que daba ejemplo de estabilidad institucional, queda en manos de Michel Temer, un presidente poco popular que tiene, él sí, serias acusaciones en su contra. El golpe parlamentario contra Rousseff más que resolver los graves problemas existentes los ahonda y fragmenta aún más al país.

En una declaraciones públicas la defenestrada presidenta manifestó que “Es el segundo golpe al que me enfrento en mi vida (…) se está robando el proyecto nacional progresista, inclusivo y democrático que represento (…) son unas elecciones indirectas inequívocas. La decisión de los senadores sustituye la voluntad de más de 54 millones de electores (…) acaban de derribar al primer presidente electo sin motivo constitucional”. No se puede estar más de acuerdo.

Es lamentable que las graves acusaciones de corrupción que han salpicado a todos los partidos políticos, llevado también a la cárcel a reconocidos empresarios, se salde con un cuestionable procedimiento con tinte jurídico, pero con más que evidente finalidad política: sacar a la presidenta a como diera lugar. Y lo lograron. Si la cadena se rompe por el eslabón más débil la estrategia de quienes se confabularon para actuar en el Congreso fue milimétricamente ejecutada. El mecanismo está previsto en la Constitución brasileña para ser usado en ocasiones excepcionales cuando existe una grave acusación penal ante un delito cometido por la cabeza del gobierno. Dado que a Dilma no le pudieron comprobar ningún caso de corrupción se la acusó de “maquillar” el presupuesto antes de las últimas elecciones. Fue como aplicar la pena de muerte a quien se pasó un semáforo en rojo. Ni más ni menos.

El escándalo que se destapó con la investigación del “Lava Jato” desnudó los niveles de corrupción e impunidad a los que había llegado el país. Cómo se entretejió una red de favorecimientos para la aprobación de millonarias licitaciones públicas y las muy jugosas retribuciones que recibieron sus intermediarios. Como el hecho ocurrió en un gobierno de izquierda, y que muy importantes figuras del oficialismo terminaron en la cárcel, era inevitable que el rechazo popular se volcara contra el gobierno. Hasta ahí existe una razón válida para entender cómo los niveles de popularidad de Rousseff cayeron en picada en medio, además, de una grave crisis económica. Aprovechando la coyuntura sus socios del PMDB en la coalición de gobierno, con el vicepresidente Temer a la cabeza, le asestaron la puñalada por la espalda al quitarle su apoyo en el parlamento. Lo demás es historia conocida.

¿Qué sigue en adelante? Los conocedores de la realidad brasileña no están muy claros sobre lo que viene. Al menos en lo económico se espera que haya una estabilidad en los mercados que permita llevar a cabo las reformas urgentes y aplicar las medidas que el gobierno considera como esenciales para sacar el país adelante. Muchas de ellas, como es de prever, estarán dirigidas a desmontar los programas sociales adelantados por los gobiernos del PT. En materia política el panorama es más incierto. A pesar de que a corto plazo se presume una cierta tranquilidad, mientras se decanta lo sucedido, las cosas no van a ser sencillas para el presidente Michel Temer.

Lo cierto es que las medidas económicas que se adopten generarán mayor descontento social y le corresponderá a este poner la cara. Con su mínima popularidad, las acusaciones que aún penden sobre él y figuras de su partido, vendrá con seguridad una mayor conflictividad a mediano y largo plazo. El PT, por su parte, deberá hacer una profunda reflexión sobre su futuro. En medio de este complejo panorama les corresponde a todos encontrar una salida viable para el Brasil. 

La votación del Senado brasileño destituyendo a la presidenta Dilma Rousseff pasará a la historia de América Latina como un hecho vergonzoso para la democracia regional. Brasil, una potencia regional que daba ejemplo de estabilidad institucional, queda en manos de Michel Temer, un presidente poco popular que tiene, él sí, serias acusaciones en su contra. El golpe parlamentario contra Rousseff más que resolver los graves problemas existentes los ahonda y fragmenta aún más al país.

En una declaraciones públicas la defenestrada presidenta manifestó que “Es el segundo golpe al que me enfrento en mi vida (…) se está robando el proyecto nacional progresista, inclusivo y democrático que represento (…) son unas elecciones indirectas inequívocas. La decisión de los senadores sustituye la voluntad de más de 54 millones de electores (…) acaban de derribar al primer presidente electo sin motivo constitucional”. No se puede estar más de acuerdo.

Es lamentable que las graves acusaciones de corrupción que han salpicado a todos los partidos políticos, llevado también a la cárcel a reconocidos empresarios, se salde con un cuestionable procedimiento con tinte jurídico, pero con más que evidente finalidad política: sacar a la presidenta a como diera lugar. Y lo lograron. Si la cadena se rompe por el eslabón más débil la estrategia de quienes se confabularon para actuar en el Congreso fue milimétricamente ejecutada. El mecanismo está previsto en la Constitución brasileña para ser usado en ocasiones excepcionales cuando existe una grave acusación penal ante un delito cometido por la cabeza del gobierno. Dado que a Dilma no le pudieron comprobar ningún caso de corrupción se la acusó de “maquillar” el presupuesto antes de las últimas elecciones. Fue como aplicar la pena de muerte a quien se pasó un semáforo en rojo. Ni más ni menos.

El escándalo que se destapó con la investigación del “Lava Jato” desnudó los niveles de corrupción e impunidad a los que había llegado el país. Cómo se entretejió una red de favorecimientos para la aprobación de millonarias licitaciones públicas y las muy jugosas retribuciones que recibieron sus intermediarios. Como el hecho ocurrió en un gobierno de izquierda, y que muy importantes figuras del oficialismo terminaron en la cárcel, era inevitable que el rechazo popular se volcara contra el gobierno. Hasta ahí existe una razón válida para entender cómo los niveles de popularidad de Rousseff cayeron en picada en medio, además, de una grave crisis económica. Aprovechando la coyuntura sus socios del PMDB en la coalición de gobierno, con el vicepresidente Temer a la cabeza, le asestaron la puñalada por la espalda al quitarle su apoyo en el parlamento. Lo demás es historia conocida.

¿Qué sigue en adelante? Los conocedores de la realidad brasileña no están muy claros sobre lo que viene. Al menos en lo económico se espera que haya una estabilidad en los mercados que permita llevar a cabo las reformas urgentes y aplicar las medidas que el gobierno considera como esenciales para sacar el país adelante. Muchas de ellas, como es de prever, estarán dirigidas a desmontar los programas sociales adelantados por los gobiernos del PT. En materia política el panorama es más incierto. A pesar de que a corto plazo se presume una cierta tranquilidad, mientras se decanta lo sucedido, las cosas no van a ser sencillas para el presidente Michel Temer.

Lo cierto es que las medidas económicas que se adopten generarán mayor descontento social y le corresponderá a este poner la cara. Con su mínima popularidad, las acusaciones que aún penden sobre él y figuras de su partido, vendrá con seguridad una mayor conflictividad a mediano y largo plazo. El PT, por su parte, deberá hacer una profunda reflexión sobre su futuro. En medio de este complejo panorama les corresponde a todos encontrar una salida viable para el Brasil.