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Este ha sido el año de las vulgares violaciones a la promesa de tener un Estado laico. Tal vez en la agresión más preocupante que hemos visto en los últimos tiempos, un juez de la república se negó a casar a una pareja de mujeres argumentando que su fe religiosa no se lo permitía. No contento con eso, en otros espacios ha defendido su derecho a desobedecer la Constitución y a la Corte Constitucional bajo la tesis de que la Biblia está por encima de cualquier norma jurídica. También se supo, por denuncias de Noticias Uno, que obligaba a los miembros de su juzgado a escuchar sus prédicas y sermones. ¿Cuándo nos volvimos un Estado confesional? Quienes no le ven problema a este actuar, ¿no se percatan de los riesgos que conlleva desmantelar el imperio de la ley de esta forma?
“Entre lo que dice la ley humana y lo que dice la ley de Dios”, escribió el juez Ramiro Eliseo Flórez, “yo prefiero la ley de Dios, porque prefiero agradar primero a mi señor Dios, todopoderoso, antes que al ser humano”. Estas palabras, que suenan inofensivas, esconden un acto de violencia cruel: no reconocer a dos mujeres que querían casarse y formar una familia, tal como se los permite la Constitución. No deja de ser chocante que se invoque a la divinidad para justificar la discriminación.
En entrevista con Blu Radio, el juez continuó: “Hay que conocer a Dios para saber la dimensión del juramento que se hace al momento de la posesión como servidor público, y eso solo se logra por el conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia”.
Son varias las precisiones que este juez debería conocer. La existencia de un Estado laico garantiza, de hecho, la libertad de cultos: de esa forma, los creyentes en el Dios cristiano pueden tener la certeza de que sus derechos serán protegidos y respetados, tanto por el Estado como por los otros ciudadanos. Esto, por cierto, no ocurre en todo el mundo. Hay varios países donde los creyentes como el juez Flórez son perseguidos, incluso con respaldo de la ley. ¿Eso le parecería justo al servidor público en cuestión? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué es justo discriminar a dos personas simplemente por su orientación sexual?
Volviendo a los principios, la laicidad y la sumisión al imperio de la ley tienen el propósito de que las normas se apliquen de igual manera para todos. No importa tu religión, tu color de piel, tu origen, tu identidad de género ni tu orientación sexual, hay una serie de reglas, pactadas entre todos, que te cubrirán de forma equitativa. La única pregunta que un servidor público debe hacerse, ante una petición de matrimonio, es si este está permitido. En el caso de la pareja de lesbianas, estaba permitido y no casarlas es romper con la ley.
El problema de los Estados confesionales es que, por definición, son excluyentes. Además, se prestan para arbitrariedades. ¿Acaso el juez Flórez no le debe servir a todas las personas que no comparten su fe, que no ven autoridad en la Biblia? ¿No fue ese su juramento? Si deseaba ser pastor, que está en todo su derecho, nuestra sugerencia es que abandone el servicio público. No se puede ser juez y no entender el Estado laico.
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