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Tantos problemas que tiene Bogotá, y la capital del país se va a seguir desgastando en el increíble debate sobre qué hacer con la primera línea del metro. Ya contratada, en vísperas de arrancar la construcción y con los mayores adelantos que hemos visto en la historia de una obra que parece maldita (aunque eso, hay que aceptarlo, no es decir mucho), continúa la discusión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Parece que el “Pacto de la Orinoquia”, como de manera rimbombante bautizaron ambos políticos el acuerdo de no agresión al que llegaron hace unas semanas, está destinado al fracaso por las diferencias que hay en los conceptos jurídicos. En el fondo persiste la pregunta: ¿por qué no permitir el metro elevado y más bien acelerar las próximas líneas, que pueden ser subterráneas? La respuesta puede estar ligada a la cercanía de las elecciones de octubre.
Un concepto de la firma Fajardo Abogados, contratada por el Distrito, es contundente: “No resulta jurídicamente viable modificar los objetos de los contratos estatales, no al menos en sus aspectos centrales, básicos o sustanciales (...) la reforma del contrato en esencia debe tener lugar en un nuevo contrato”. El problema es que en Presidencia tienen otros conceptos que dicen lo contrario. Uno realizado por la firma de abogados de Enrique Gil Botero, exconsejero de Estado, dice que la modificación a un metro subterráneo es necesaria y “determinante” por las “graves afectaciones” que hacerlo elevado le generaría a la ciudad. El cambio en el contrato, según este último concepto, es “viable o posible la aplicación de la cláusula excepcional de modificación unilateral de la relación contractual”.
La alcaldesa y el presidente mandaron mensajes en Twitter. La mandataria López dijo que los bogotanos pueden “tener la plena tranquilidad de que su metro se está haciendo, va avanzando y no se está parando. La primera línea del metro avanza”. El presidente Petro señaló que se contratará el concepto de abogados expertos en metros subterráneos. Hay una mesa jurídica convocada para la semana entrante, donde seguramente los desencuentros continuarán. ¿Por qué, por cierto, el Gobierno Nacional no ha pedido una consulta al Consejo de Estado, pudiendo haberlo hecho hace meses?
Queda la sensación de que las demoras y las peleas son una dilación para que el próximo alcalde o la próxima alcaldesa de Bogotá sea quien determine el futuro de la primera línea del metro. Una lástima, pues el Gobierno no solo busca atrasar esta obra, sino que en la pelea con la alcaldesa López ha condicionado otros proyectos importantes para la capital. Lo que nos arroja a una nueva campaña política centrada en torno a la primera línea del metro, su viabilidad y si se va a construir o no. Para cuando Bogotá tenga construida la primera línea de su metro, los problemas de movilidad serán tantos y tan diversos, que la inversión multimillonaria se sentirá inútil. La capital del país está en medio de la hoguera de las vanidades.
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