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Empieza una nueva era en la costa Caribe. Después de años (y años y años) de reclamos por mal servicio en el suministro eléctrico, por conflictos entre Electricaribe y sus usuarios, por la creación de una cultura de no pago y por las amenazas de la empresa cuando el Gobierno Nacional empezó a ponerla en cintura, hoy se presentan dos nuevas empresas que van a cubrir el servicio de 2,7 millones de personas en siete departamentos. Esperamos que sea el inicio de un cambio en el paradigma para tantas personas que expresan desconfianza en la capacidad de tener un servicio básico cubierto en todo momento. Si las dos nuevas empresas triunfan, será un avance para la región y para la igualdad de los colombianos. Ojalá así sea.
La lucha con Electricaribe es de vieja data. Pese a los reclamos constantes y el interés desde los gobiernos por hacer algo, esa empresa continuaba prestando un servicio mediocre. Claro, siempre aportaba excusas. Una de ellas, en particular, por ser cierta, tiene asustadas a las dos nuevas empresas: la falta de una cultura de pago. En estratos altos, en ocasiones ni siquiera llega a la mitad la cantidad de personas que pagan su factura. También hay denuncias de piratería en las conexiones y un irrespeto generalizado. Sin embargo, los ciudadanos responden con que era injusto pagar por un servicio intermitente, prestado a las malas y con una empresa que no hacía las inversiones necesarias.
Eso tiene que empezar a cambiar. En 2016, la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de la compañía. Esto, además de los líos jurídicos que los dueños de Electricaribe van a causarle al país, se vio como el principio de una esperanza. Pero pasaron varios años sin encontrar una solución. En síntesis, el problema era tan complejo y requería una inversión tan elevada, que no había quién prestara el servicio en reemplazo. No obstante, es una excusa bastante frustrante para darles a los ciudadanos: tienen que acostumbrarse a la mediocridad porque no hay de otra. Menos en una región con tantas personas y con un mercado potencial grandísimo.
Finalmente, se decidió que el Grupo EPM, a través de la empresa Afinia, les prestará servicio a 1,51 millones de usuarios en César, Córdoba, Bolívar y Sucre. Adicionalmente, el Consorcio de Energía de la Costa, a través de Aire, les servirá a 1,21 millones de usuarios en Magdalena, el Atlántico y La Guajira. Ambos se comprometieron con el Gobierno a que, en un plazo de 10 años, invertirán cerca de $8,7 billones para mejorar los sistemas de aprovisionamiento de energía. Eso se suma a que, como dijo Diego Mesa, ministro de Minas y Energías, “en estos dos años de Gobierno se hayan invertido más de $3 billones en las nuevas subestaciones, cierres de circuitos y fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución”.
No será sencillo ni un cambio de la noche a la mañana. Las empresas tendrán que ganarse la confianza de los usuarios dando mejores resultados tan pronto como sea posible. También, desde el otro lado, para garantizar la sostenibilidad del proyecto, las personas deberán empezar a pagar sus facturas. Si estamos hablando de un nuevo comienzo, debe venir con cambios en el comportamiento de todos los involucrados. Da esperanza que dos empresas con buenos resultados en su labor y con mucho profesionalismo tengan la oportunidad de cambiarle la cara a la energía en la Costa.
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