Pronto se cumple el plazo que el Tribunal Superior de Bogotá les dio a las periodistas Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño para que rectifiquen una publicación con denuncias de violencia sexual contra el director de cine Ciro Guerra. Es una decisión desafortunada que atenta contra la libertad de prensa y contra las víctimas de violencia sexual que acuden al periodismo para contar sus historias.
En el reportaje original, publicado por la revista Volcánicas en junio del año pasado, siete mujeres denunciaron acoso sexual de Guerra, y una más, el abuso sexual, en hechos que habrían ocurrido entre 2013 y 2019. Guerra interpuso una tutela que fue negada en primera instancia y luego impugnó la decisión. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá acaba de fallar en contra de las periodistas, les ordenó rectificar y afirmó que su reportaje desconoció los principios de veracidad e imparcialidad, afectando el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia de Guerra.
Aunque el juez no pidió que se retire el reportaje, ni que se diga que las denuncias son falsas, la decisión es preocupante por varias razones. Primero, desacredita la voz de las víctimas al cuestionar la veracidad de sus testimonios, indicando que se debió contrastar con otras fuentes de información –a pesar de que las periodistas sí entrevistaron a otros testigos e incluyeron material documental–. Además, el juez entró a reprochar los métodos y las formas de expresión de las periodistas, acusándolas de hacer juicios de valor, “asumir una actitud parcializada” e inducir a “equivocaciones”, pues guerra no ha sido condenado por los hechos denunciados. Más grave, se exigió más información sobre las víctimas para corroborar los relatos, poniendo en riesgo sus identidades.
Más allá de que el reportaje es, en palabras de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), “extenso, detallado e incorpora los más altos estándares de rigurosidad periodística”, no es función de los jueces calificar el ejercicio periodístico y mucho menos determinar cuáles son los métodos de reportería más adecuados en cada caso, algo que atenta directamente contra la independencia periodística. Además, como explicó Ana Bejarano, abogada de Ruiz-Navarro, a El Espectador, la petición de incluir más información, “desde el punto de vista de las personas que son las fuentes de este reportaje, sería una vulneración a sus derechos, porque decidieron hablar de manera reservada”. Entregar esa información a Guerra violaría las reglas de protección de la identidad de las víctimas de violencia sexual.
Extrañamente, el juez parece desconocer que un pronunciamiento que abra la puerta para reducir esa protección puede censurar de antemano y hacia el futuro el trabajo de todos los periodistas y de sus fuentes, que pueden sentir temor a denunciar si no tienen la garantía de que van a poder conservar su anonimato.
Ya hemos expresado en este espacio que la verdad procesal no es la única que existe, y menos cuando hablamos sobre delitos de violencia sexual, donde la impunidad se calcula cercana al 90 %. ¿No se puede denunciar si no hay una sentencia o un proceso judicial de por medio?
Las presuntas víctimas de Guerra les dijeron a las periodistas que no quieren denunciar penalmente al cineasta y es fácil entender por qué. Porque el sistema judicial las revictimiza y las somete a procesos eternos, y porque cuando lo hacen son estigmatizadas, sus testimonios son puestos en duda –como acaba de suceder– y sus vidas terminan marcadas por la denuncia.
Ante esos temores fundados, el periodismo es el llamado a dar a conocer este tipo de casos. Hacerlo no es juzgar ni condenar –como insinúa el juez–, sino reconocer que estos testimonios tienen que ser parte del debate público y abrir un espacio a las víctimas que suelen estar condenadas al silencio.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director: Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
Nota 2: Este editorial se modificó de una versión inicial porque tenía más la fecha de los términos.
Pronto se cumple el plazo que el Tribunal Superior de Bogotá les dio a las periodistas Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño para que rectifiquen una publicación con denuncias de violencia sexual contra el director de cine Ciro Guerra. Es una decisión desafortunada que atenta contra la libertad de prensa y contra las víctimas de violencia sexual que acuden al periodismo para contar sus historias.
En el reportaje original, publicado por la revista Volcánicas en junio del año pasado, siete mujeres denunciaron acoso sexual de Guerra, y una más, el abuso sexual, en hechos que habrían ocurrido entre 2013 y 2019. Guerra interpuso una tutela que fue negada en primera instancia y luego impugnó la decisión. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá acaba de fallar en contra de las periodistas, les ordenó rectificar y afirmó que su reportaje desconoció los principios de veracidad e imparcialidad, afectando el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia de Guerra.
Aunque el juez no pidió que se retire el reportaje, ni que se diga que las denuncias son falsas, la decisión es preocupante por varias razones. Primero, desacredita la voz de las víctimas al cuestionar la veracidad de sus testimonios, indicando que se debió contrastar con otras fuentes de información –a pesar de que las periodistas sí entrevistaron a otros testigos e incluyeron material documental–. Además, el juez entró a reprochar los métodos y las formas de expresión de las periodistas, acusándolas de hacer juicios de valor, “asumir una actitud parcializada” e inducir a “equivocaciones”, pues guerra no ha sido condenado por los hechos denunciados. Más grave, se exigió más información sobre las víctimas para corroborar los relatos, poniendo en riesgo sus identidades.
Más allá de que el reportaje es, en palabras de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), “extenso, detallado e incorpora los más altos estándares de rigurosidad periodística”, no es función de los jueces calificar el ejercicio periodístico y mucho menos determinar cuáles son los métodos de reportería más adecuados en cada caso, algo que atenta directamente contra la independencia periodística. Además, como explicó Ana Bejarano, abogada de Ruiz-Navarro, a El Espectador, la petición de incluir más información, “desde el punto de vista de las personas que son las fuentes de este reportaje, sería una vulneración a sus derechos, porque decidieron hablar de manera reservada”. Entregar esa información a Guerra violaría las reglas de protección de la identidad de las víctimas de violencia sexual.
Extrañamente, el juez parece desconocer que un pronunciamiento que abra la puerta para reducir esa protección puede censurar de antemano y hacia el futuro el trabajo de todos los periodistas y de sus fuentes, que pueden sentir temor a denunciar si no tienen la garantía de que van a poder conservar su anonimato.
Ya hemos expresado en este espacio que la verdad procesal no es la única que existe, y menos cuando hablamos sobre delitos de violencia sexual, donde la impunidad se calcula cercana al 90 %. ¿No se puede denunciar si no hay una sentencia o un proceso judicial de por medio?
Las presuntas víctimas de Guerra les dijeron a las periodistas que no quieren denunciar penalmente al cineasta y es fácil entender por qué. Porque el sistema judicial las revictimiza y las somete a procesos eternos, y porque cuando lo hacen son estigmatizadas, sus testimonios son puestos en duda –como acaba de suceder– y sus vidas terminan marcadas por la denuncia.
Ante esos temores fundados, el periodismo es el llamado a dar a conocer este tipo de casos. Hacerlo no es juzgar ni condenar –como insinúa el juez–, sino reconocer que estos testimonios tienen que ser parte del debate público y abrir un espacio a las víctimas que suelen estar condenadas al silencio.
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Nota 2: Este editorial se modificó de una versión inicial porque tenía más la fecha de los términos.