Un paso importante

Resuelve una decisión administrativa peligrosamente aplazada, y por su orientación permite construir soluciones que sirven también para el resto de los llamados ecosistemas estratégicos.

Como ya lo hemos señalado, la delimitación de un ecosistema como un tipo —en este caso un páramo— surgió como respuesta a un ambiente de relajación de la política ambiental frente a la llamada locomotora minera. Todos los páramos deben conservarse: sobre esto ya hay un acuerdo social. Pero deben conservarse sin la forma perentoria y riesgosamente generadora de conflictos en que aparecía el mandato de exclusión de los usos agropecuarios y mineros en territorios que no son prístinos, sino de los cuales los valores ambientales y las funciones económicas están en disputa.

Esta situación sin salida se hubiera podido evitar de no entrar en la lógica de ordenar el territorio a través de la presión de extracción minera, olvidando de paso los principios constitucionales y de la legislación ambiental. Habían quedado relegados instrumentos de gestión tan importantes como la planificación de áreas protegidas, y la todavía aplazada dimensión ecológica de la propiedad.

El Ministerio ha avanzado en una solución con tres dimensiones que resaltamos. En primer lugar, es una decisión en cumplimiento de un mandato legal —proteger estos ecosistemas— que sale fortalecido. El mapa de referencia del “páramo potencial” entregado por el Instituto Humboldt es la referencia científica de sustento. Segundo, es una decisión prudente. Desafortunado hubiera sido si, en cumplimiento ciego del mandato, se hubiera desconocido que ese páramo, además de sus valores ambientales, por razones históricas contiene una porción mejor en la cual hay importantes actividades productivas. No se trata de cambiar la vocación de conservación del páramo sino de establecer una forma viable para lograrla en un plazo razonable.

Sale fortalecido el objetivo de conservación, que ya no es sólo el mantenimiento de un statu quo, sino un mandato de gestión para los sitios del páramo que han sido afectados. Conservar tiene que ver con la gestión de una gran área protegida que emerge en 100.000 hectáreas, y con la restauración ecológica y el uso sostenible de las áreas de páramo que habían sido afectadas.

Como tercer punto, notamos que es una decisión que compromete a las autoridades. De su acción depende avanzar en la trayectoria positiva que se dibuja o en la exacerbación futura del conflicto. No es de menor importancia resaltar que el instrumento jurídico dibuja en el territorio, más que sólo una exclusión de usos inadecuados, un equilibrio entre conservación y uso, que debe mantener la integridad de los valores ecológicos del páramo.

Conceptualmente quedamos alineados para enfrentar situaciones indeseadas y en cierto sentido inevitables, como las que traerá el cambio ambiental global. Debe adoptarse, entonces, una gestión ambiental adaptativa y basada en la legitimidad del conocimiento. Oportunidad para aplicar la Política de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Esperamos que la necesaria veeduría ciudadana transite desde la defensa de principios que en el papel se vuelven irreconciliables hacia la gestión viable y legítima del bien público ambiental en estos territorios.

Resuelve una decisión administrativa peligrosamente aplazada, y por su orientación permite construir soluciones que sirven también para el resto de los llamados ecosistemas estratégicos.

Como ya lo hemos señalado, la delimitación de un ecosistema como un tipo —en este caso un páramo— surgió como respuesta a un ambiente de relajación de la política ambiental frente a la llamada locomotora minera. Todos los páramos deben conservarse: sobre esto ya hay un acuerdo social. Pero deben conservarse sin la forma perentoria y riesgosamente generadora de conflictos en que aparecía el mandato de exclusión de los usos agropecuarios y mineros en territorios que no son prístinos, sino de los cuales los valores ambientales y las funciones económicas están en disputa.

Esta situación sin salida se hubiera podido evitar de no entrar en la lógica de ordenar el territorio a través de la presión de extracción minera, olvidando de paso los principios constitucionales y de la legislación ambiental. Habían quedado relegados instrumentos de gestión tan importantes como la planificación de áreas protegidas, y la todavía aplazada dimensión ecológica de la propiedad.

El Ministerio ha avanzado en una solución con tres dimensiones que resaltamos. En primer lugar, es una decisión en cumplimiento de un mandato legal —proteger estos ecosistemas— que sale fortalecido. El mapa de referencia del “páramo potencial” entregado por el Instituto Humboldt es la referencia científica de sustento. Segundo, es una decisión prudente. Desafortunado hubiera sido si, en cumplimiento ciego del mandato, se hubiera desconocido que ese páramo, además de sus valores ambientales, por razones históricas contiene una porción mejor en la cual hay importantes actividades productivas. No se trata de cambiar la vocación de conservación del páramo sino de establecer una forma viable para lograrla en un plazo razonable.

Sale fortalecido el objetivo de conservación, que ya no es sólo el mantenimiento de un statu quo, sino un mandato de gestión para los sitios del páramo que han sido afectados. Conservar tiene que ver con la gestión de una gran área protegida que emerge en 100.000 hectáreas, y con la restauración ecológica y el uso sostenible de las áreas de páramo que habían sido afectadas.

Como tercer punto, notamos que es una decisión que compromete a las autoridades. De su acción depende avanzar en la trayectoria positiva que se dibuja o en la exacerbación futura del conflicto. No es de menor importancia resaltar que el instrumento jurídico dibuja en el territorio, más que sólo una exclusión de usos inadecuados, un equilibrio entre conservación y uso, que debe mantener la integridad de los valores ecológicos del páramo.

Conceptualmente quedamos alineados para enfrentar situaciones indeseadas y en cierto sentido inevitables, como las que traerá el cambio ambiental global. Debe adoptarse, entonces, una gestión ambiental adaptativa y basada en la legitimidad del conocimiento. Oportunidad para aplicar la Política de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos. Esperamos que la necesaria veeduría ciudadana transite desde la defensa de principios que en el papel se vuelven irreconciliables hacia la gestión viable y legítima del bien público ambiental en estos territorios.