Los ETCR han cumplido una función esencial en el posacuerdo de La Habana. Fueron más de 7.000 exguerrilleros y 3.000 milicianos los que entraron a esas 24 zonas para el proceso de desarme. Allí contaron con el apoyo del Estado y de la ONU para iniciar emprendimientos, ser escolarizados y prepararse para su reincorporación. Hoy todavía viven allí 3.366 excombatientes que, con sus familias, cuentan un total de 6.500 personas. Muchos de ellos quieren permanecer en esos espacios.
Sin embargo, el acuerdo de La Habana estableció los ETCR por dos años, por lo que a la administración Duque le ha tocado pensar qué hacer con ellos. Las respuestas dadas hasta ahora nos parecen acertadas.
Por un lado, 13 espacios, donde viven 1.982 excombatientes, se convertirán en zonas permanentes. Allí tendrán su sitio de vivienda definitivo y el Gobierno está trabajando con los entes territoriales para incluir esa situación en sus planes de ordenamiento territorial.
Las otras 11 zonas de reincorporación deberán ser reubicadas, pues el Gobierno identificó múltiples razones para hacerlo. Aunque cada caso es distinto, en síntesis hay una mezcla de problemas de seguridad, lejanía (lo que no permite llevar la infraestructura adecuada a esos espacios) y disputas sobre tierras. Sin embargo, como explicó en El Tiempo el consejero presidencial para el Posconflicto, Emilio Archila, “el Gobierno ya tiene previstos los terrenos a los cuales les sugeriríamos que se desplacen los exguerrilleros”.
Aunque en el partido FARC ha habido resistencia a esa reubicación, nos parece que el Gobierno está haciendo un buen trabajo al respecto. Traer las zonas a territorios ya comprados, con plan de vivienda para ellos, con todos los servicios y sin riesgos de seguridad es una manera de garantizar el éxito del acuerdo de La Habana y ayudar en el proceso de implementación.
En medio de la polarización del país, es de celebrar que el Gobierno Duque les esté cumpliendo su palabra a los desmovilizados. La construcción de una Colombia en paz pasa por darles todas las oportunidades a esas personas que dejaron las armas y, pese a las tormentas y la influencia perversa de los grupos criminales, le siguen apostando a la sociedad.
Cuando llegue el 15 de agosto, empezará una nueva etapa en el acuerdo de La Habana. En plena época electoral, el país no puede olvidar estos procesos que siguen en marcha y ya están dando frutos. Debemos protegerlos.
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Por El Espectador
