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Cinco décadas de estrategia fallida contra las drogas se empezaron a romper en la reciente Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Gracias al liderazgo del gobierno de Gustavo Petro, que contó con el apoyo de unos 60 países que armaron bloque, se introdujo un lenguaje bastante positivo en el resultado del 67° período de sesiones del organismo. En síntesis, se pide entender el problema de las drogas como uno de salud pública, en contraste con la persecución descarnada que se impuso desde el gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos. La embajadora en Viena, Laura Gil; el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, y el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, pueden sacar pecho por lo conseguido. El camino, sin embargo, seguirá siendo largo.
Colombia viene tanteando un cambio en la estrategia contra las drogas desde hace varios gobiernos. Primero, con timidez, empezó la administración de Juan Manuel Santos. Después Iván Duque regresó al paradigma fallido de la persecución. Con la llegada a la Presidencia de Gustavo Petro vino un liderazgo más claro. El Ministerio de Justicia de Néstor Osuna ha promovido proyectos de ley que apuntan a la despenalización y a un trato más digno de los consumidores, mientras que la diplomacia a nivel internacional se ha encargado de proponer a nuestro país como el punto de partida para una nueva forma de entender el problema. Esto contrasta, es necesario decirlo, con la actitud del Congreso: tumbó dos veces el proyecto que permitía el uso recreativo de la marihuana y se ha cerrado a dialogar sobre la coca. Sigue siendo, entonces, un debate muy difícil de dar, que se enfrenta a prejuicios y a las herencias de años de estrategia guerrerista fallida.
Quizá por lo anterior se hace más urgente conseguir un cambio a nivel internacional. Lo que le otorga más valor a lo ocurrido la semana pasada en Viena. Como explicó el presidente Petro en su cuenta de X, la propuesta era “establecer la política de disminución del daño (a partir de) medidas fundamentalmente preventivas y mirar objetivamente el consumo”, así como “descriminalizar conductas y llevar la acción represiva hacia los grandes capos, adoptando que la corrupción (y) el lavado de activos internacional son también parte del narcotráfico y que es sobre ellos donde se debe concentrar”. Si queremos obtener resultados distintos, es tiempo de cambiar de estrategia, y la propuesta de Colombia mezcla realismo con respeto por las libertades individuales. Que la Comisión de Estupefacientes de la ONU esté en la misma línea es un gran logro.
Quedan preguntas y retos, es evidente. Por ejemplo, mientras los grandes consumidores, como Estados Unidos, no cambien de paradigma y dejen de exigir la persecución sin reflexión alguna, es poco lo que podremos hacer. A nivel nacional, el aumento de la violencia financiada por el narcotráfico y la falta de una estrategia efectiva de seguridad tienen al gobierno Petro con las manos atadas y perdiendo apoyo en la ciudadanía. Mientras las drogas ilícitas sigan financiando tanto dolor, las personas seguirán exigiendo responder con vehemencia.
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