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El país confirmó varias cosas la semana pasada con el hallazgo de la primera fosa común de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por miembros del Ejército. Lo primero es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha hecho una tarea juiciosa, esencial y provechosa para esta Colombia acostumbrada a la impunidad y a no tener relatos suficientes sobre las tragedias que han ocurrido. Lo segundo es que los incentivos del Acuerdo de Paz sí están funcionando para obtener más verdad y, esperamos, más reparación. Lo tercero es que ha habido intentos coordinados por evitar que todos estos hechos se conozcan. Por eso, ahora más que nunca, debemos pedir que se sigan revelando los crímenes que llevan tantos años escondidos, así como sus responsables y cómplices de ese silencio tétrico.
“Aquí se hacían las necropsias, magistrado”, le dijo un exmilitar a Alejandro Ramelli, el magistrado de la JEP encargado del caso sobre ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate. Juntos estaban recorriendo el cementerio Las Mercedes, ubicado en Dabeiba (Antioquia), y donde se cree que hay por lo menos 50 cadáveres enterrados producto de esas ejecuciones. “Aquí se traían los muertos, se les ponía una muda de ropa negra y la pólvora en las manos. (...) Cuando llegaban (los técnicos forenses), nosotros les decíamos ‘muerto en combate’ y así quedaba registrado”.
La semana pasada, la JEP ordenó la inspección del cementerio y la exhumación de los cuerpos. Esto para verificar los relatos de varios exmilitares que se han vinculado a la JEP y que afirmaron cómo se usó ese lugar para enterrar a las personas asesinadas cuando ellos eran parte de la Brigada XI. “Hemos hablado con más de 100 militares. Nos han revelado decenas de hechos, pero tenemos que comprobar que aquello que dicen es cierto. Son crímenes que hasta ahora habían sido desconocidos por la justicia ordinaria”, explicó Ramelli en una crónica hecha por Colombia 2020 de El Espectador.
El hallazgo de la fosa común es, al mismo tiempo, frustrante y esperanzador. Lo primero porque demuestra cómo la justicia ordinaria y la justicia penal militar no han sido capaces de explicarle con suficiencia al país cómo ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales. Además, los testimonios de los militares dan cuenta de la crueldad empleada por miembros del Ejército, los intentos por encubrir los hechos, así como advierten que estas declaraciones van a involucrar a responsables que hasta ahora caminan impunemente. Lo segundo es porque por fin Colombia está empezando a encontrar respuestas sobre unos hechos que han manchado la legitimidad de las Fuerzas Armadas y dejaron a muchas víctimas frustradas por la ausencia de respuesta estatal.
Ante lo encontrado, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo estar a disposición de la JEP y recordó que “en los casos en los que corresponde, los miembros de la Fuerza Pública se han presentado voluntariamente ante los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, dijo que “la JEP debe adelantar la investigación hasta sus últimas consecuencias y sancionar a los responsables”. Se trata de dos declaraciones bienvenidas: el Gobierno, el Congreso y todos los colombianos deben respaldar el valioso trabajo que los magistrados de la justicia transicional están adelantando. Es momento de que Colombia conozca la verdad de lo que ocurrió.
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