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Casi 38 años después del asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador, el Estado colombiano ofreció disculpas por no haber sido capaz de proteger la vida de alguien que estaba ejerciendo una feroz defensa de la democracia nacional y por despreocuparse de la impunidad en su caso y los muchos crímenes que lo acompañaron. También ofreció disculpas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, a pesar de haber encontrado fallas gravísimas en las responsabilidades de los gobiernos en lo relativo al caso, engavetó de manera injustificada e irresponsable la denuncia durante 17 años de silencio e impunidad. Tanto la familia Cano, como El Espectador desde estas líneas, aceptamos las disculpas, no sin levantar al mismo tiempo la voz por todos los asesinatos de periodistas que siguen en la impunidad, por las presiones que en la actualidad siguen recibiendo quienes ejercen el oficio y por la lucha pendiente contra la violencia que marca la historia de Colombia.
Néstor Osuna, ministro de Justicia, estuvo a cargo del reconocimiento de responsabilidad del Estado. “Todos les fallamos a don Guillermo Cano, a su familia, a El Espectador, a los periodistas, y como sociedad colombiana rompimos nuestro compromiso de civilidad, de convivencia y de respeto a los derechos humanos”, dijo y agregó que el “Estado colombiano miró hacia otro lado, indolente, acobardado, cómplice, pero, en cualquier caso, inexcusable”. Es cierto. Silenciar a Guillermo Cano era parte de una estrategia mucho más amplia de los narcotraficantes. El objetivo era secuestrar las instituciones, amordazar a la prensa y perseguir a cualquier servidor público que se atreviera a denunciar lo que ocurría. Como recordó Fernando Cano, uno de los hijos de don Guillermo Cano, a los cuatro meses de su asesinato, en Medellín dinamitaron un busto en su honor; dos años después, Héctor Giraldo Gálvez, parte civil en su caso, fue asesinado; a los pocos meses, el magistrado Carlos Valencia, quien había confirmado los vínculos de Pablo Escobar con el magnicidio, también fue asesinado; otros dos meses después, la sede de El Espectador fue víctima de un camión cargado de dinamita. El objetivo era silenciar al periodismo colombiano por completo a punta de sangre y terror.
Como muestra de la falla estatal, todos los gobiernos que siguieron se negaron a reconocer la gravedad de los hechos. La CIDH conoció el caso y emitió un informe en el que reconocía lo ocurrido y decía que lo iba a monitorear, pero pasaron 17 años en los que no hizo nada. Tampoco ningún gobierno colombiano preguntó por el informe. Solo por la presión que se hizo con la Fundación para la Libertad de Prensa nos enteramos en 2016 de que, en efecto, el proceso se había archivado.
El asesinato de Guillermo Cano es un símbolo porque situaciones análogas plagan la historia nacional. Como dijo Fernando Cano: “¿En qué están, si acaso están, las investigaciones por la muerte de tantos periodistas, jueces, profesores, desde los años 80 hasta ahora? ¿Qué se ha averiguado, si es que se ha averiguado, sobre los causantes de esa angustiante salida hacia el exilio de la inteligencia colombiana insobornable, que abandonó el país para poder salvar sus vidas?”. Esas son las preguntas que siguen abiertas. No hay libertad de prensa sin justicia en todos los casos y sin protección y respeto a su labor en una democracia.
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