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Por fin un atisbo de justicia en el caso de Diego Felipe Becerra, grafitero asesinado por un policía en Bogotá. Después de una década de los hechos y con una condena encima, el CTI de la Fiscalía informó que capturó a Wílmer Alarcón. El patrullero, condenado como responsable directo del homicidio, se había fugado poco antes de que se confirmara su condena a 37 años de cárcel. Se trata de un gesto importante por parte del Estado, que le falló a Becerra y a su familia en todos los puntos del proceso judicial, que comenzó con el crimen en agosto del 2011.
Hacer una lista de todo lo que hicieron miembros de la Policía contra Becerra y su familia es adentrarse en un doloroso relato de traición por parte de representantes del Estado colombiano a un ciudadano. A Becerra le dispararon por la espalda, pero luego dijeron que estaba armado. Ahora sabemos, gracias a Medicina Legal, que nunca tocó un arma. También conocimos que varios policías ayudaron a Alarcón a modificar la escena del crimen para presentarlo a la opinión pública como un acto de legítima defensa.
La manipulación no terminó ahí. Altos mandos de la Policía acompañaron la versión de la legítima defensa y arrancó un proceso complejo de buscar la verdad de lo ocurrido. Los familiares de Becerra sufrieron intimidaciones por su activismo pidiendo respuestas. Cuando finalmente el caso llegó a los estrados judiciales, lo diluyeron en el tiempo a tal punto que Alarcón quedó en libertad condicional por vencimiento de términos. El patrullero aprovechó esa oportunidad para fugarse. A los pocos días fue condenado en primera instancia, pero las autoridades no dieron con su paradero. Sobre eso, este año Gustavo Trejos, padre del joven, le había dicho a El Espectador que “no se ha hecho nada para buscarlo. Una de las excusas de la Policía fue que no se había ratificado el fallo de la primera instancia”.
Ahora, con fallo de segunda instancia ratificado, la Fiscalía dio la necesaria noticia de la captura. Aunque tardaron mucho tiempo, las autoridades están ayudando a reparar a la familia. Fueron cinco años para la primera condena y otros cinco más para ver capturado al patrullero Alarcón, quien ahora tendrá que pagar cárcel. Por manipular la escena del crimen ya fueron condenados a seis años de prisión dos expatrulleros de la Policía: Nelson Rodríguez y Freddy Navarrete. Según la Fiscalía, unos 15 uniformados estuvieron involucrados en la muerte.
El caso de Becerra es tan frustrante porque explica las raíces de la desconfianza ciudadana en la Policía. Fue un abuso de poder por parte de un uniformado y por lo menos otros 14 policías que no pensaron dos veces al irrespetar su compromiso ético con los colombianos. Después, en la búsqueda de la verdad, el desequilibrio de poder entre la Policía y la familia de Becerra fue evidente. De no ser por el dictamen de Medicina Legal, hubiese sido muy complicado conocer qué ocurrió realmente aquella noche. Se trata, claro, de criminales que traicionaron el uniforme, pero explicar lo sucedido en clave de “manzanas podridas” es dejar por fuera los debates necesarios sobre cómo podemos prevenir que esto se repita.
La justicia para Becerra no es solo la cárcel de su victimario, sino una reflexión profunda y que lleve a consecuencias prácticas dentro de la Policía. Mucho se ha hablado de reforma policial y el debate sigue abierto. Diez años después, el recuerdo de Becerra nos muestra la urgencia e importancia de que garanticemos que estos crímenes no vuelvan a ocurrir.
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