Solamente falta la conciliación con el texto aprobado por la Cámara para que esta norma sea una realidad en Colombia.
Muy ambicioso era este proyecto en un principio. Había contado, incluso, con la participación de sectores de la academia que planteaban en él una forma progresista de ver las cárceles y penitenciarías del país. La idea era desarrollar un Código que resolviera el problema del hacinamiento, ese mismo que hoy ronda el 60% y que es una de las causas principales para que haya una vulneración sistemática de los derechos fundamentales en los centros de reclusión. ¿Cómo? Siendo creativos con la ejecución de las penas, regímenes extramuros, trabajos a cielo abierto… De sobra está probado que no importa cuántos edificios más se construyan para albergar presos: mientras se siga teniendo la misma cultura revanchista en las leyes penales, y si lo único que aplica para un criminal condenado es estar en un centro de reclusión, la situación no variará mucho.
Con el paso de los debates en el Congreso, el proyecto fue perdiendo ambición y es hoy lo que nuestros legisladores nos entregan: un primer paso, tal y como lo reconoce el propio ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. Claro que tiene cosas necesarias que, mucho más allá de resolver el hacinamiento, sí hacían falta. El régimen especial de salud con la creación del Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, o el respaldo de la Defensoría del Pueblo y facultades de derecho para la defensa jurídica de los reclusos, son emprendimientos positivos. Y positivo es también el orden que se le quiere dar a la cosa: sindicados y condenados separados (como aún no pasa), centros de arraigo transitorio, otro tipo de establecimientos para inimputables por enfermedad mental. En fin. Cosas que hacen falta.
En cuanto al hacinamiento, hemos visto ya varios titulares de prensa que anuncian que se liberará a entre 7.000 y 10.000 personas que están detrás de los muros. No es tan así. Enhorabuena, sin embargo, el Código nuevo tiene un enfoque de libertad amplio, en el que se flexibiliza la suspensión de la condena, la libertad condicional y la detención domiciliaria en ciertos escenarios particulares. Pero no será una excarcelación masiva como erróneamente tienden a pensar algunos críticos, sino una eventual oportunidad para que, caso a caso, se estudie el delito y el comportamiento del recluso, con el fin de aliviar la sobrecarga que hay en la actualidad.
Tímido, sí, pero necesario. E inspirado, y esta es la buena noticia de fondo, en un aparente cambio de discurso frente al tema de las penas y la forma de cumplirlas. Al menos así se siente en la exposición de motivos del proyecto de ley. Valdría la pena que, para seguir por este sendero apenas abierto, todos los funcionarios públicos que tienen que ver con creación, ejecución o vigilancia de las penas, atendieran las recomendaciones que da el Consejo de Política Criminal para ir creando, de una vez, una cultura nueva que vaya mucho más allá de las medidas de aseguramiento impuestas como regla general (cuando son la excepción), penas acordes con los delitos (y no altas, atendiendo al clamor revanchista popular) y políticas serias, que no sean reactivas, sino estructurales.
Lo dicho, este es un primer paso. Puede usarse como insumo para generar verdaderas soluciones o verlo como la meta. ¿Qué camino será?